La detención de Pedro Olano, el "militante abertzale" que se presentó en 2007 a las elecciones por la plataforma Lizarrako Abertzale Sozialistak, ilegalizada por el Supremo, y que amenazó de muerte a la alcaldesa de Lizarza Regina Otaola, pone por enésima vez de manifiesto hasta qué punto la política y el terror se pueden aliar al servicio de ETA. Según las últimas averiguaciones que han salido a la luz, Olano compaginaba desde antes de 2007 su "vocación política" con la de servir como enlace de ETA para pasar explosivos de Francia a los comandos que operan en el País Vasco. Si el lunes Olano identificaba desde un helicóptero de la Guardia Civil zulos y lugares marcados para depositar material de la banda terrorista, este martes hemos sabido por el auto que ordena su ingreso en prisión, que este "militante abertzale" intentó hasta en tres ocasiones entregar un lanzamisiles a un grupo de ETA para que atentase contra el presidente del Gobierno José María Aznar.
Aunque la actual política antiterrorista del Gobierno de Zapatero no sea, en apariencia y por fortuna, la misma política colaboracionista desempeñada durante el mal llamado "proceso de paz", el tiempo dirá si la actual "fase de confrontación" del Gobierno con ETA –tal y como la llamó Rubalcaba al poco de iniciarla– es sólo eso, una "fase", o por el contrario un camino sin retorno y sin treguas de aplicación implacable del Estado de Derecho para lograr la paulatina y completa extinción de la banda terrorista. A este respecto hay que añadir que, si bien ahora las detenciones proliferan y todas las siglas batasunas están ilegalizadas, no es menos cierto que el Gobierno de Zapatero sigue negándose a la disolución de los numerosos ayuntamientos que todavía gobiernan y controlan los proetarras que se presentaron por la posteriormente ilegalizada ANV.
Evidentemente, no todos los concejales y alcaldes de ANV estarán rindiendo servicios a ETA de la misma envergadura que los de quien, como Olano, ha llegado a trasladar a los comandos un lanzamisiles para acabar con la vida de un ex presidente del Gobierno. Sin embargo, todos están en disposición de ejercer como enlaces o correos de la banda, transmitiéndole información y dinero y sirviéndola como portavoces de sus consignas. Por mucho que esto no sea suficiente para un enjuiciamiento penal individualizado, no deja de ser un evidente contrasentido ilegalizar unas siglas por conexión con una banda terrorista y, sin embargo, dejar que sus integrantes sigan gobernando y recibiendo dinero público. Más aun cuando en nuestro ordenamiento jurídico existe una norma, como el artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local, que permitiría la inmediata disolución de esos consistorios.
Sabemos que el Gobierno de Zapatero no ha reconocido sus infamias pasadas, pero mientras no disuelva estas vigentes secuelas que son los ayuntamientos en manos de los proetarras, no podremos decir siquiera que las haya terminado de corregir.