Sería conveniente que Pablo Iglesias, antes de proponer reforma alguna de la Constitución, diera muestras de conocerla mínimamente. Si la ignorancia del reglamento del Congreso ya le hizo perder la oportunidad de interrogar directamente a Mariano Rajoy durante la pasada sesión de control al Gobierno, su intervención de este miércoles destiló una ignorancia del texto constitucional tan asombrosa que hasta hace dudar de que dicho desconocimiento sea genuino.
La asesoría del secretario general de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, tal vez pueda reducir algo la colosal ignorancia de los podemitas en cuanto a trámites parlamentarios se refiere. Pero, desde luego, Pablo Iglesias parece haberse enterado tarde y mal de cosas tan elementales como que la Constitución establece que toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requiere la conformidad del Gobierno para su tramitación. Iglesias ha inferido de dicho precepto algo tan disparatado como que "el Parlamento no puede tomar decisiones que afecten al presupuesto" y que su capacidad legislativa y su ejercicio de la soberanía está "comprometido y limitado".
Al margen de que en las democracias todo poder es limitado –incluido el de las mayorías transitorias–, la deducción de Iglesias es absurda por cuanto corresponde constitucionalmente al Parlamento el examen, la enmienda y, en su caso, la aprobación de los Presupuestos. Cosa distinta es que, una vez ya aprobados por el Parlamento, ninguna proposición pueda sin el acuerdo del Ejecutivo alterarlos en el ejercicio en curso. Si la izquierda parlamentaria, con el concurso de los nacionalistas, pretender subir las pensiones o cualquier otra partida de gasto al extremo de su demagogia, debería señalar de qué otra partida de gasto o inversión pretende sacar el dinero. Eso, o plantear una enmienda en ese sentido a los Presupuestos que el Gobierno presente para el año que viene.
Lo que no puede ninguna formación, por muy secundada que esté en el Parlamento, es ignorar el carácter legal de los Presupuestos Generales del Estado y que el dinero del contribuyente es limitado, como limitado es todo poder en democracia.
El caso es que, bien sea porque hacen caso omiso de cuanto desprecian, bien sea porque desprecian cuanto desconocen, los nostálgicos de la dictadura del proletariado no terminan ni de conocer ni de respetar la democracia, el régimen en que medran y que pretenden dinamitar.