El caso del chivatazo, que empezó oliendo mal, ha terminado viciando todo el aire a su alrededor. Ni el Gobierno ni la Audiencia Nacional hacen nada al respecto más que silenciar primero y tender una cortina de humo después.
Los peores temores sobre el lamentable caso del chivatazo por parte de gente del Interior al aparato de extorsión etarra se han confirmado. No sólo la banda fue advertida de una operación antiterrorista desde instancias oficiales, sino que el propio Gobierno utilizó ese infame aviso como baza negociadora con la que otorgarse el crédito y la confianza de los terroristas.
Y es ahora, cuando la luz empieza a iluminar lo que el Gobierno ha condenado a las tinieblas desde hace tres años, el momento en el que Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro de Interior y principal responsable del chivatazo, se saca de la chistera un atentado, supuestamente espectacular, que la ETA estaría ultimando y para el que las Fuerzas de Seguridad del Estado están ya preparándose. Pero debe tratarse sólo de esas fuerzas, porque la Asociación Española de Escoltas, afectada de lleno por el terrorismo, se ha enterado por la prensa momentos después de que Rubalcaba revelase a la opinión pública los planes de la ETA.
Curiosamente, en el mismo momento y lugar donde Rubalcaba ha hecho de adivino, Rodolfo Ares, consejero vasco de Interior, ha asegurado que la ETA pasa por horas bajas y que adolece de una "debilidad operativa que nace del acoso judicial, policial, de la cooperación internacional y del aislamiento social". Estos no son, definitivamente, muy buenos mimbres para la gran operación de que presume el ministro. Parece todo una simple cortina de humo de las que Rubalcaba es tan amigo. Frente al escándalo, que lo es, y mayúsculo, el ministro lanza un cohete hacia otra parte, cohete que seguirán los medios adictos al Gobieno y la totalidad de las televisiones, necesitadas en época navideña de noticias de verdad para editar los informativos.
Si Rubalcaba trata de evitar que se hable del chivatazo por el descrédito político que implica, el hombre del Gobierno en la negociación, José Manuel Gómez Benítez, camina sobre el filo de la navaja al desvelarse que su principal argumento negociador con los etarras fue, precisamente, la manita que desde Interior les echaron a los cobradores de la ETA. Se da la circunstancia, además, de que Gómez Benítez es un íntimo de Garzón, instructor del chivatazo; caso que, incomprensiblemente, mantiene metido en un cajón de su juzgado de la Audiencia Nacional.
Gómez Benítez, por su parte, es actualmente vocal del Consejo General del Poder Judicial, y ha sido el partido del Gobierno quien le ha colocado ahí, quizá por los servicios prestados durante los años de la falsa tregua etarra. Es evidente que Gómez Benítez tiene que ser cesado de inmediato de su cargo por una cuestión de ética elemental. Su amigo Baltasar Garzón, a quien ha protegido dentro del CGPJ siempre que ha tenido ocasión de hacerlo, debe inhibirse sin falta del sumario del chivatazo dejando paso a otro juez que reactive la instrucción del mismo.
El caso del chivatazo, que empezó oliendo mal, ha terminado viciando todo el aire a su alrededor. Ni el Gobierno ni la Audiencia Nacional hacen nada al respecto más que silenciar primero y tender una cortina de humo después. Tanto el ministro como el juez instructor están tan salpicados por el asunto que deberían dejar de serlo cuanto antes. Los pecados políticos y los delitos penales de la época de la negociación no han prescrito y no deberían hacerlo antes de que sus responsables hayan pagado por ello.
