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EDITORIAL

Pensiones, la agonía de un sistema insostenible

Será doloroso y tendrá un solo culpable: los políticos de izquierda, derecha y centro que, mientras mentían sobre la naturaleza de este sistema de pensiones asocial y enormemente dañino para el bien común, lo han mantenido a base de propaganda.

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Las vías de agua abiertas en el casco de nuestro sistema de pensiones son ya tantas que los políticos –principales interesados en que el barco no naufrague– no alcanzan a taponarlas todas. El modelo de reparto, implantado en España durante la dictadura de Franco hace más de cuatro décadas, ha llegado a su previsible conclusión. Por de pronto los españoles podemos ir descontando que, gracias a este sistema injusto, insolidario e ineficiente, tendremos que trabajar muchos más años y cobrar después una cantidad bastante menor.

Y no, no es una consecuencia de la crisis económica tal y como los políticos nos están intentado hacer ver, sino la lógica consecuencia de un modelo que, dejando su injusticia intrínseca al margen, sólo puede funcionar en un escenario de parámetros muy delimitados. Como en todo esquema de Ponzi, nombre técnico de los sistemas piramidales, para que los de arriba puedan obtener rentas, el número de los de abajo tiene que crecer eternamente. Un modelo semejante no puede funcionar a perpetuidad, ni aquí ni en ningún otro sitio.

El descenso en la tasa de natalidad que empezó a registrarse en España a partir de la segunda mitad de la década de los setenta hacía prever que, más tarde o más temprano, el maná que alimentaba el sistema de pensiones se agotaría. Así ocurrió veinte años después, a mediados de los noventa, cuando por vez primera se atisbó la crisis final del sistema. Entonces se produjo una ola inmigratoria de dimensiones desconocidas. Cinco millones de cotizantes, casi todos muy jóvenes, han entrado en España a lo largo de los últimos diez años. Esta imprevista prórroga generó la ilusión de que, a pesar de todo, el sistema podría mantenerse sine die.

Pero no, el flujo migratorio se ha detenido, no así el creciente envejecimiento de la población. Cada año la nómina de la Seguridad Social es mayor y el número de cotizantes menor. La natalidad, por su parte, no ha aumentado, sino todo lo contrario. España tiene una de las tasas de hijos por mujer más bajas de todo el mundo. En un futuro próximo las pensiones serán tan gravosas que los cotizantes dedicarán una parte considerable de su renta a mantener pensionistas con la esperanza puesta en que, llegado el momento, otros trabajen para mantenerlos a ellos.

Es un circulo vicioso insostenible. En lugar de ahorrar para nuestra vejez, nos obligan a dilapidar en ese mismo momento la riqueza recién creada convirtiéndonos en esclavos de un sistema que nos empobrece hoy, nos impide capitalizar las rentas de nuestro trabajo y, para colmo, nos hace dependientes del Estado y de los caprichos de los políticos durante la última etapa de nuestra vida. Entretanto ellos, los políticos, viven separados del sistema con el que nos hacen comulgar al resto. Muy ilustrativo sin duda.

Ante tal estado de cosas, a los artífices del sistema y principales beneficiarios del mismo, sólo les queda estirar tanto como puedan la ficción de una jubilación segura y bien remunerada. En esas están en estos momentos. El hecho es que, aún con eso, llegará un momento en que, rendidos ante la realidad, nos veremos obligados a efectuar la transición del actual sistema de reparto a uno de capitalización, camino que ya han transitado –a la fuerza– otros países como Alemania, donde el tránsito se produjo parcialmente hace diez años pilotado por el Gobierno socialdemócrata de Gerhard Schröder.

Quedarán entonces varios millones de españoles atrapados por edad en la trampa del reparto mientras otros, más jóvenes y afortunados, podrán ser dueños de su retiro desde los inicios de su carrera profesional. Será doloroso y tendrá un solo culpable: los políticos de izquierda, derecha y centro que, mientras mentían incesantemente sobre la naturaleza de este sistema de pensiones asocial y enormemente dañino para el bien común, lo han mantenido a base de propaganda. Esta misma reforma podría haberse hecho hace una década, cuando la entrada de cinco millones de nuevos trabajadores hubiese amortiguado y hecho más llevadera la transición, pero no, los que gobernaban entonces se empeñaron en mantener con vida y acrecentar un modelo del que ya sabían que tenía fecha de caducidad.


 

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