Después de varios meses deshojando la margarita, Zapatero al fin se ha decidido por someter al sistema de pensiones a una reforma antes de que termine el año. Curiosamente, esta de las pensiones fue la primera de las reformas con las que el Gobierno amagó a principios de año. En aquel momento, De la Vega presentó una propuesta de alargar la edad de jubilación hasta los 67 años. Este tímido anuncio de una reforma puramente cosmética ocasionó una formidable polémica que erosionó gravemente la imagen pública de un Gobierno dedicado en cuerpo y alma a vivir de la demagogia. El Gobierno aparcó entonces el asunto hasta que, forzado por las circunstancias, no ha tenido otra opción que ponerlo de nuevo en circulación.
El hecho es que, con o sin reformas, el sistema de pensiones español es insostenible. Dada su naturaleza de reparto, es decir, piramidal, para que continúe funcionando y los jubilados cobren sus prestaciones, la base de la pirámide tiene que ser ancha y el vértice estrecho. Con nuestra estructura demográfica actual, inmersos en un proceso de envejecimiento acelerado de la población y con la tasa de natalidad por los suelos, el modelo de reparto está condenado más tarde o más temprano al colapso irremediable. Llegará un momento en que los jubilados serán tantos o más que los trabajadores haciendo inviable el sistema.
La clase política sabe de esta espada de Damocles que pende sobre un sistema que, por otro lado, considera sagrado e insustituible. Pero no hace nada por cambiarlo. Ni los partidos de izquierda con el PSOE a la cabeza, que ven en las pensiones una herramienta clientelar de primer orden; ni el PP, que, carente de ideas originales, vive acobardado adoptando las del adversario, están dispuestos a hacer el sacrificio de mudar de un sistema de reparto a uno de capitalización. Se ponen de acuerdo en ir parcheándolo para que dure más años y, sobre todo, de legislar para que las reformas pasen por encima de ellos, de los políticos, que son quienes en última instancia obligan a todos los trabajadores a contratar un fondo de pensiones que no tiene ningún futuro.
Si algún día nuestros políticos se decidiesen –y probablemente lo hagan cuando ya no quede más remedio–, España no sería el primer país en transitar gradualmente de un sistema fraudulento como el que padecemos a otro más justo y eficiente. Cuanto antes discurramos por ese camino, más fácil y menos doloroso será para los trabajadores que se encuentran en este momento cotizando y, no digamos ya, para los jóvenes que aún no se han incorporado al mercado laboral. Todos, a excepción posiblemente de los partidos políticos, que perderían con ello un inigualable arma electoral, ganarían con el cambio. Empezando por los trabajadores, que podrían retirarse mucho antes y con mucho más dinero en el bolsillo.
Ese cambio, sin embargo, está aún lejos de producirse. La política española sigue enganchada a viejas supercherías económicas que no hacen sino prolongar una agonía que se promete muy larga y con un final imprevisible. Zapatero, por de pronto, pretende seguir arrogándose la capacidad de decidir cuándo se jubilan los españoles y con cuánto dinero en concepto de pensión. Es un comportamiento propio de alguien que personifica el socialismo de un modo exquisito. Quizá haya llegado la hora de jubilarle por anticipado y, con él, al sistema de pensiones que con tanto ardor defiende.