Aunque estaba claro –pese a que muy pocos medios lo hayan contado en España– lo que suponía el nuevo Gobierno comunista del Perú, resulta sorprendente lo poco que han tardado Pedro Castillo y su banda en evidenciar tanto sus intenciones como su falta de solvencia, por decirlo de una forma suave.
Y es que en muy pocas ocasiones un Gobierno ha hecho tanto y tan mal en sólo siete días, y dejado tan manifiestas las intenciones que trató de ocultar durante la campaña electoral, en la que engañó a una parte significativa del electorado.
Hay varias cosas de singular importancia que el grotesco Castillo y el siniestro Vladimir Cerrón han exhibido ya. La primera, que es el segundo el que verdaderamente mueve los hilos. No hacía falta ser un lince para descubrirlo, pero no deja de llamar la atención que haya quedado tan patente en tan poco tiempo, y que Cerrón y los suyos tengan tanta prisa por controlar hasta el último resorte del poder, empezando por las Fuerzas Armadas. Esa urgencia y ese ansia de control sólo se explican porque su plan va mucho más allá de lo que cabría esperar en un Gobierno democrático.
Esas prisas y ese talante totalitario han marcado una forma de actuar marcada por la falta absoluta de respeto a los principios democráticos, a los rivales políticos y a la prensa independiente.
Quizá la señal más clara del fulgurante descenso peruano a los infiernos liberticidas sea la composición del Gabinete de Castillo, es decir, de Cerrón: personajes de muy escasa talla política e intelectual que, cuando sí tienen un perfil público más destacado, es extraordinariamente negativo, como en el caso de Guido Bellido, ministro de Exteriores con evidentes vínculos con y simpatías por el terrorismo.
La apuesta Bellido, candidato totalmente inaceptable, y más para una cartera de tal relevancia, prueba que lo que busca Cerrón es una confrontación directa con un Congreso en el que Perú Libre está en minoría; por eso los comunistas –como han hecho siempre que han llegado al poder desde 1917– tratan de anularlo creando una institución paralela que sí puedan controlar y que les sirva para desbordar el marco democrático.
El único rayo de esperanza pasa una fuerte, masiva y sostenida reacción que frene el proceso de demolición de la democracia puesto en marcha por Castillo y Cerrón. Miles de limeños han salido ya a las calles –algo insólito en la primera semana de un Gobierno– para clamar por lo que está pasando, pero no parece fácil que Cerrón y Castillo se aparten de un plan que han preparado durante años y cuyo objetivo es convertir el Perú en una Venezuela o una nueva Cuba, aun al precio del conflicto civil.