Una cosa es que el PSOE y el PP no se pongan de acuerdo en cómo repartirse los magistrados del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y otra, completamente distinta, que la discrepancia entre ambos obedezca a que el PP, a diferencia del PSOE, sea partidario de que 12 de los 20 miembros del CGPJ pasen a ser elegidos , tal y como exige la literalidad del burlado artículo 122.3 de la Constitución, por los propios jueces y magistrados de todas las categorías judiciales.
Si la discrepancia obedece a lo primero, el PP estaría traicionado su compromiso con la independencia del Poder Judicial y con los propios requerimientos que la UE ha hecho a España para que "al menos la mitad de los miembros del Consejo" sean "jueces elegidos por sus pares". El PP podría alegar, en ambas circunstancias, que la falta de renovación en el CGPJ es culpa de un PSOE que no se aviene ni al reparto de magistrados que le propone Génova ni a resucitar a Montesquieu y el principio separación de poderes mediante una reforma que permita que 12 de los 20 miembros del CGPJ sean elegidos por los jueces.
Sin embargo, el PSOE ha logrado inocular en la opinión pública la especie de que la no renovación del CGPJ obedece al inmovilismo de un PP que se negaría a acordar nada con el Gobierno. Ni que decir tiene que este infecto pero innegable éxito propagandístico del Gobierno se debe fundamentalmente a la bochornosa apatía de un PP que, en lugar de conminar al Ejecutivo a un acuerdo para abordar los requisitos de independencia y renovación del CGPJ que reclama la Comisión Europea, permite que sea el Gobierno el que inste al PP a llegar a un acuerdo para que el Poder Judicial siga siendo correa de transmisión del Legislativo.
Tal es el éxito de comunicación del Gobierno en este punto que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se permitía hace escasos días amenazar con el nombramiento de dos de los cuatro magistrados del TC que tendrán que renovarse a partir del próximo día 12 sin esperar a que el CGPJ designe a los otros dos. Es cierto que la designación de dos de esos cuatro magistrados corresponde al Ejecutivo y los otros dos al CGPJ, pero no lo es menos que el artículo 159.3 de la Constitución señala expresamente que los doce magistrados del TC "se renovarán por terceras partes". Es decir, por lotes de 4. Sin embargo, una reforma legislativa de más que dudosa constitucionalidad aprobada por el Gobierno para impedir que un CGPJ en estado de interinidad pueda hacer nombramientos tanto en el Supremo como en el Constitucional está asfixiando ambos tribunales.
Si ya es cuestionable en términos constitucionales que el Gobierno prohíba al CGPJ hacer nombramientos para dichos tribunales mientras siga en funciones, no parece menos contrario a la Carta Magna su pretensión de fraccionar la renovación de los cuatro magistrados del Constitucional de tal forma que el Gobierno pueda designar sus dos magistrados sin tener que esperar a que el CGPJ pueda designar a los dos que les corresponde.
El caso es que tanto Pedro Sánchez, en su primer cara a cara con Alberto Núñez Feijoó, como la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, se han permitido urgir al PP a la renovación del CGPJ al tiempo que reiteraban su amenaza de nombrar unilateralmente a los magistrados del TC.
Así las cosas, ya es hora que de que el PP haga pedagogía política y un mayor esfuerzo de comunicación a la hora de denunciar tamaño desafío al Estado de Derecho en lugar de dejar que lleve la voz cantante quien lo perpetra.