Garzón lleva demasiados años utilizando la justicia como un instrumento para hacer política. Los togados son personas, con sus ambiciones y sus deseos de acceder al poder, y por ello a muchos sus facultades jurisdiccionales no les parecen suficientes y aspiran a alcanzar el control de la Administración. Sin embargo, pocos jueces como Garzón poseen un currículum tal que refleje semejante nivel de codicia hacia el poder político.
Por lo visto, Garzón todavía sigue frustrado por que Felipe González no le nombrara superministro de Justicia y de Interior. Después de semejante frustración, decidió volver a parapetarse en los tribunales, desde donde se ha dedicado a implementar su sectaria agenda ideológica a través de los autos y de la policía judicial. No es a que Temis le hayan quitado la venda de la imparcialidad, sino que directamente le han colocado los anteojos socialistas.
La lista de decisiones ideologizadas y de errores judiciales derivados de su fijación política es demasiado extensa como para siquiera hacer justicia con el personaje. Sin embargo, la causa general contra el franquismo supone una adecuada guinda para todos los disparantes precedentes: con tal de demonizar a una parte de la sociedad española, se saltó todo límite prudencial y redactó un esperpento jurídico tratando de investigar el alzamiento de 1936 y pidiendo pruebas de que Franco había muerto. En efecto, como algunos reconocieron, el auto de Garzón no iba dirigido a hacer justicia, sino (mala) historiografía y, a través de ella, política.
Lo cierto es que la resolución del superjuez resultó ser demasiado escandalosa como para que el Tribunal Supremo siguiera desentendiéndose de sus actividades tal y como tradicionalmente venía haciendo. Así que no le quedó más remedio que admitir a trámite la querella por prevaricación que interpuso el sindicato Manos Limpias el pasado mes de junio.
Según el Código Penal, prevaricar es "dictar una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia". Hoy Garzón se sentará en el banquillo del Tribunal Supremo para declarar como imputado. Pocas dudas deberían caberle al Supremo de que Garzón dictó una resolución sabiendo que estaba destinada a fracasar y de que por tanto no se dirigía a aplicar ninguna ley, sino a montar un circo mediático. Y ante las evidencias, difícilmente podrá alegar el juez que desconocía no poder iniciar una causa general o que Franco había muerto hace más de 30 años; la única escapatoria posible del togado sería alegar que desconoce la ley, una salida inaceptable para quien está encargado de velar por su correcta aplicación.
Todo lo cual, claro, no significa que el Supremo vaya a suspender cautelarmente a Garzón. Por supuesto es lo que procedería conforme a derecho –aunque no por este caso, sino por muchos otros sobre los que ha pasado con absoluta impunidad–, pero al más que habitual corporativismo judicial se le suma en esta ocasión todo un aluvión de presiones políticas por parte del Gobierno para que ese juez sectario que tan buenos servicios les ha prestado en los últimos años continúe utilizando la judicatura para perseguir a una parte de la sociedad española.
Curioso contraste el de la decencia que le atribuye el ex ministro del Interior José Antonio Alonso con lo que opinaba su sucesor, el actual ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en los años 90: "tiende un mono tremendo de Parlamento, prensa y medios de comunicación" o "no es un paladín de la independencia". Parece que para la izquierda –tanto Garzón como el Gobierno– la calidad moral de las personas depende de cómo puedan utilizarlas para sus fines. No hay moral, sino intereses.
Sin embargo, aquí la cuestión no atañe a la pulcritud ética o estética del juez, sino a si ha cometido el delito de prevaricación por utilizar los medios públicos que los ciudadanos ponen a su disposición para fin distinto al que determina el mandato constitucional y legal: no para instruir justicia sino para perseguir sus ambiciones particulares. Pocas dudas deberían caber a este respecto. ¿Prevaricará hoy el Supremo?