La visita del ministro de Fomento a tierras británicas en papel de agente inmobiliario del Reino de España ha sido un completo fracaso, algo habitual en este Gobierno cuando intenta dar consejos en el exterior, pero en este caso concreto ha tenido la virtud de poner a los socialistas frente a las consecuencias dañinas de sus políticas de una forma especialmente nítida.
El socialismo es contrario a la propiedad privada, institución espontánea de la sociedad que permite el desarrollo y la civilización, cuyos derechos persigue con saña allá donde gobierna. En el caso de los bienes raíces, los socialistas son capaces de vulnerar no ya los principios del derecho natural que permiten la vida en común, sino también las disposiciones del derecho positivo aunque hayan sido ellos mismos los que las han dictado. Esto último suele ocurrir cuando se anteponen determinadas construcciones sociológicas que tienen que ver con el fanatismo ecologista al derecho de los ciudadanos a disfrutar sus propiedades legítimamente adquiridas, que es precisamente la principal queja de los ciudadanos británicos propietarios de viviendas en España.
Como el mismo ministerio de Fomento ha reconocido, la colonia británica de propietarios de viviendas, especialmente en la costa española, es la más numerosa de todas las que han decidido comprar una segunda residencia en nuestro país gracias a nuestro clima privilegiado.
Pues bien, lejos de mantener un respeto escrupuloso por el derecho de estos ciudadanos europeos a disfrutar de sus adquisiciones, el Gobierno de España, con la colaboración necesaria de sus colegas autonómicos, ha convertido en un calvario la aventura de muchos de estos visitantes que alguna vez pensaron que nuestro país era un lugar fiable como destino de sus modestas inversiones.
Aquí se han derribado viviendas de ciudadanos extranjeros que contaban con todos los permisos en regla, a causa de los efectos retroactivos de unas leyes medioambientales que pretenden preservar el planeta de un holocausto climático que sólo existe en la mente calenturienta de los fanáticos de la secta de Al Gore. Aquí, las comunidades autónomas, principalmente socialistas, han expropiado viviendas y terrenos legalmente adquiridos, con todos los permisos municipales en vigor, por unos determinados planeamientos urbanísticos supracomarcales realizados con posterioridad y de los que jamás se informó a los compradores.
Las quejas se acumulan en las instituciones europeas, perdida la esperanza de que las autoridades españolas actúen ante semejantes desafueros, pero nuestros gobernantes socialistas, acuciados por una crisis que les sobrepasa ampliamente, tienen la cara dura de cursar una visita a sus víctimas para intentar colocarles de nuevo su mercancía averiada.
Si Zapatero hubiera renunciado a su sectarismo ideológico en un tema que afecta de forma tan seria a nuestra imagen exterior no hubiera sido necesario acudir a Gran Bretaña con el maletín del viajante lleno de folletos inmobiliarios. En su fanatismo lleva la penitencia. La desgracia es que el merecido castigo no lo cumplen él y su nefasto ministro de Fomento, sino todos los españoles. ¿Hasta cuándo?