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EDITORIAL

Privatizar sí, liberalizar también

Si, tras la venta de AENA o de Loterías, en lugar de destinar esos fondos a amortizar deuda se destinan a mantener el gasto público a los niveles de este último año. En ese caso estaremos como ahora dentro de exactamente un año.

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Como último recurso ante la desesperada situación en la que se encuentran las cuentas públicas, el Gobierno parece decidido a vender parte de algunas empresas públicas. Zapatero necesita hacer caja cuanto antes si no quiere verse el año próximo emitiendo deuda al mismo ritmo que este ejercicio, con los inversores internacionales mirando de reojo por si el Estado llega un momento en que no puede seguir atendiendo los pagos.

El hecho es que, ya sea a la fuerza –como es el caso de Zapatero– o por convencimiento, privatizar empresas públicas es algo esencialmente bueno. Privatizar es, en sentido estricto, devolver a la sociedad civil lo que le pertenece. Los países libres disfrutan de economías libres en las que la participación del Estado se limita a la supervisión y a fijar y garantizar el marco legal donde operan los agentes económicos. Privatizando se gana en eficiencia. Las empresas, enfrentadas a la libre competencia y a la posibilidad de quebrar si no atienden correctamente a su demanda, optimizan los recursos y asignan adecuadamente los factores productivos, lo que, inevitablemente, redunda en mejores servicios y productos más económicos.

En España sabemos mucho de esto. Desde mediados de los noventa el Gobierno fue acometiendo un ambicioso plan de privatizaciones de antiguas, improductivas e ineficientes empresas públicas con excelentes resultados, tanto para las propias empresas como, especialmente, para los consumidores. Esto es algo que hoy por hoy nadie discute, a excepción quizá de la paleoizquierda más recalcitrante.

Que privatizar sea bueno no significa que de la privatización a toda prisa y a cualquier precio se obtengan buenos frutos. Si, por ejemplo, lo que se quiere privatizar son monopolios públicos –caso de AENA o de Loterías del Estado– no se gana eficiencia de ningún modo. La titularidad del monopolio pasa de manos del Estado a las de un empresario, que ningún incentivo tendrá por ser mejor que los inexistentes competidores. No hay pues, ganancia alguna más allá del dinero extra que habrá ingresado el Gobierno una vez efectuada la transacción.

La idea, por lo tanto, no es tanto privatizar como liberalizar. De nada hubiera servido privatizar Telefónica si la privatización no hubiese venido acompañada de la liberalización del mercado de las telecomunicaciones. Lo mismo puede decirse en otros sectores como el petrolero, el de los envíos postales o el de las líneas aéreas, liberalizados todos después de que la compañía monopolista estatal fuese privatizada.

Existe, además, otro peligro no menos preocupantes. Si la privatización consiste en entregar patrimonio público a un empresario que medra en torno al poder, el Estado habrá ganado algo, pero el mercado y la sociedad en su conjunto absolutamente nada. Este modelo de privatización, muy común en países como Rusia, tiene efectos perversos sobre toda la economía.

Por último, cuando un Estado se decide por devolver a la sociedad ciertas empresas o actividades económicas que obran en su poder a cambio de dinero, debe emplear éste para atender problemas de verdad, es decir, para reducir deuda una vez sus gastos y sus ingresos ordinarios se han ajustado en punto muerto. En caso contrario, se estaría dilapidando el patrimonio público para seguir sufragando los despilfarros de ZP. Llevándolo al terreno de la economía doméstica, sería como si una familia altamente endeudada decidiera vender su segunda vivienda, pero no para terminar de amortizar la hipoteca de la vivienda principal sino para adquirir un abrigo de piel, dos coches nuevos y pagarse un viaje de placer a las antípodas. Vendida la casa y hecho el gasto innecesario, esa familia se vería en las mismas uno o dos años después, y ya no quedaría segunda residencia que vender.

Algo parecido nos podría suceder si, tras la venta de AENA o de Loterías, en lugar de destinar esos fondos a amortizar deuda se destinan a mantener el gasto público a los niveles de este último año. En ese caso estaremos como ahora dentro de exactamente un año. El Gobierno habrá gastado a lo loco los 14.000 millones de euros que podría obtener de la venta de los aeropuertos y de Loterías y se encontrará en idéntica situación. Conociendo el paño, todo conduce a pensar que esto último es lo que va a pasar. A Zapatero le queda un año para entrar en campaña electoral y, muy en su línea de hacer las cosas, tiene que aguantar "como sea".   


 

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