No hay región en España donde la confusión entre Gobierno, partido y sociedad haya sido mayor que en el País Vasco. No podía ser de otro modo cuando la bandera oficial de la comunidad autónoma es la del PNV y el himno una canción tradicional de la que se apropió Sabino Arana. Los nacionalistas llevan tres décadas afirmando que ellos son "los vascos" y que por tanto no se podía gobernar sin contar con ellos. Por todo ello resulta imprescindible echarlos del Gobierno y dejar que entre aire fresco en las estancias de Ajuria Enea.
Después de los resultados de los primeros comicios en que los etarras carecen de representación directa en el Parlamento Vasco, PP y PSOE tienen ante sí la oportunidad de desalojar a los nacionalistas del poder. Desgraciadamente, el PSE no es el mismo que dirigía Redondo Terreros y todos los recelos están justificados ante quienes se sentaron con Otegi durante el proceso de rendición. No puede reclamar un voto a ciegas y el PP ha hecho muy bien en condicionar su apoyo.
Las negociaciones han dado como primeros frutos que la presidencia del Parlamento Vasco esté ocupada por un popular y un preacuerdo sobre las bases políticas en las que se basará el apoyo a la investidura de Patxi López. Lo primero es un éxito sobre todo simbólico. Que el partido de los apestados, de aquellos que para los nacionalistas no merecían siquiera ocupar sus escaños ahora esté a la cabeza del Parlamento no deja de ser la primera muestra tangible del cambio que podría tener lugar en el País Vasco. La evaluación del segundo dependerá de los términos que finalmente queden negro sobre blanco.
El PP vasco ha acertado centrando la negociación no en los cargos sino en el programa político que desarrollará el nuevo Gobierno. Lo importante para la derecha social es acabar con las redes clientelares nacionalistas, no a quien se confíe esa labor. Lo crucial es terminar con la hegemonía cultural y el nacionalismo omnipresente en los medios de comunicación públicos, no que sea un socialista o popular quien lo lleve a cabo. Lo necesario es poner fin a la imposición lingüística en la educación, no la persona encargada de hacerlo. Acierta el PP al no cegarse ante los cargos y centrar la discusión en la tarea que se le abre al nuevo Gobierno constitucionalista.
Ciertamente quedaríamos más tranquilos si los consejeros de Educación o Interior fueran personas sobre cuyas intenciones no cupiese albergar a priori ninguna duda. Al contrario que Basagoiti y los suyos, Patxi López, Rodolfo Ares y los demás socialistas vascos que han encontrado en la ambigüedad la forma de crecer electoralmente en el País Vasco resultan muy poco dignos de confianza. Por eso es esencial que en el programa pactado se incluyan todas las reivindicaciones que ha dejado claras el PP vasco. Ni unos ni otros pueden desaprovechar esta oportunidad histórica de acabar con el Poder Nacionalista Vasco.