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EDITORIAL

PSOE: llorar en el hombro del juez

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Aun a pesar de la intervención directa de Juan Fernando López Aguilar –candidato a ministro de Justicia e “impulsor” del Pacto por la Justicia– y de Diego López Garrido –reputado jurista que, junto con Cristina Almeida, ofició de submarino del PSOE en IU–, la querella interpuesta por el PSOE contra sus diputados disidentes, los parientes constructores y Ricardo Romero de Tejada –presidente del PP madrileño– puede calificarse como un modelo de chapuza jurídica que, a no dudar, costaría el suspenso a cualquier aspirante a abogado.

Las prisas y una mal disimulada desesperación por la más que probable pérdida de la joya de las autonomías son los factores que, con toda probabilidad, han inspirado los errores formales –la querella cita artículos que no existen en el Estatuto de Autonomía, confundiendo éste con el Reglamento de la Cámara–, y el pésimo estilo de la redacción. Con el agravante de que la querella, además, revela expresamente que el PSOE habría recurrido a tácticas obstruccionistas claramente antidemocráticas y de corte batasuno para impedir la elección de Concepción Dancausa como presidenta de la Asamblea de Madrid. En el caso de que Simancas hubiera sabido de las intenciones de Tamayo y Sáez, habría ordenado a sus diputados ausentarse en bloque de la Cámara madrileña para provocar la falta de quórum e impedir así la constitución de la Asamblea. Es decir, lo mismo que hicieron Tamayo y Sáez.

A todo esto, se une el hecho de que el PSOE, sobre la base de unas “pruebas” que no son más que meras especulaciones recogidas en recortes de prensa e intoxicaciones de la cadena SER –construidas a golpe de violaciones del derecho al honor y a la intimidad de los querellados–, pretende que el TSJ de Madrid dicte nada menos que prisión provisional para Eduardo Tamayo, Teresa Sáez, los constructores Francisco Bravo Vázquez y Francisco Vázquez Igual y Ricardo Romero de Tejada, así como la privación del acta de diputado y la inhabilitación cautelar para los dos primeros, como presuntos autores de un delito de cohecho en el seno de una “trama inmobiliaria” supuestamente encaminada a impedir que la coalición PSOE-IU gobernara la Comunidad de Madrid.

Ni qué decir tiene –y esto lo saben perfectamente tanto López Aguilar como López Garrido– que la prisión, la inhabilitación y la pérdida de la condición de diputado sólo están previstas en el caso de que exista sentencia firme en contra y los electos hayan ingresado en prisión. Tanto es así que ETA, en el pasado, ha podido incluir numerosas veces en las listas de Batasuna a candidatos procesados por delitos de terrorismo –como Josu Ternera– sin que éstos hayan perdido el acta de diputado hasta que la Justicia se pronunció definitivamente. Todo lo que puede aducir el PSOE es que Tamayo, como representante de Balbás, ha intervenido en negocios inmobiliarios –exactamente igual que el matrimonio Mamblona-Porta, magnates inmobiliarios del otro sector en discordia en la FSM, y tantos otros miembros y cargos del PSOE–, que ha coincidido en algunas promociones con Bravo y Vázquez, que ha hablado con Bravo por teléfono varias veces y que éste, según la SER, reservó a Tamayo y Sáez las habitaciones del hotel donde pernoctaron el día de su rebelión. En cuanto a Romero de Tejada, las “pruebas” que, a juicio del PSOE, le hacen reo de cohecho y de prisión preventiva son que habló con Francisco Bravo (militante del PP) en la sede del PP poco después del suceso en la Asamblea de Madrid a cuenta de la constitución del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva; donde, por cierto, el alcalde que finalmente gobernará en esta población es del PSOE.

Es enternecedor que uno de los “indicios” que, a juicio de Lopez Aguilar, “demuestran” la implicación del PP en la defección de Tamayo y Sáez es la “sorpresa y perplejidad en el Grupo Socialista y sonrisas de oreja a oreja, de complacencia en el Grupo Popular”. Quizá esperaba López Aguilar que los diputados del PP, siendo la lista más votada –a sólo 10.000 votos de la mayoría absoluta– y después de ver cómo una coalición no respaldada expresamente por los madrileños iba a hacerse con el poder autonómico, se echasen a llorar por el fracaso de sus adversarios. Sin embargo, lo que no resulta nada enternecedor es que el PSOE haya decidido poner en marcha el ventilador sobre el estiércol, llorando sobre el hombro de la Justicia, con tal de no asumir su fracaso –fruto de su propio marasmo interno– e intentar salpicar al PP. Aun a riesgo de envenenar la vida política con acusaciones y querellas injustificadas que tanto recuerdan la negra etapa del final del felipismo.

La “trama inmobiliaria” probablemente no es más que una cortina de humo destinada a encubrir la guerra abierta en la FSM por el reparto del botín, de la que la actitud de Tamayo y Sáez no sería más que una mera consecuencia. La insistencia por parte del PSOE en negar motivaciones políticas –tan plausibles al menos, y quizá también compatibles, con las inmobiliarias– en la decisión de los diputados disidentes sería un claro indicio de ello. Y la tenaz negativa de los socialistas a convocar nuevas elecciones, así como esta disparatada querella, no son más que las pruebas fehacientes de que al PSOE le importa mucho más el botín presupuestario que se le está escurriendo de entre los dedos –vital para lubricar las fricciones de una FSM recalentada al rojo vivo tras largos años de abstinencia de cargos y prebendas públicas– que la voluntad de los madrileños o la imagen de las instituciones.


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