El anuncio del referéndum separatista realizado por Puigdemont el pasado viernes no ha tenido ninguna respuesta por parte del Gobierno de la Nación. Tampoco la oposición en Cataluña parece dispuesta a reconocer la gravedad de las últimas decisiones del Ejecutivo regional catalán, que avanza con paso firme hacia la secesión en régimen de absoluta impunidad.
El Gobierno y la oposición catalana insisten en que el anuncio de Puigdemont carece de relevancia, puesto que no se ha firmado ningún decreto para la convocatoria de ese referéndum secesionista. Unos y otros recurren cobardemente al procedimiento administrativo y se niegan a ver la importancia política de una serie de decisiones que vulneran el orden constitucional, dando lugar a una cadena de hechos consumados que puede ser irreversible.
Buena prueba de ello son los carteles que ya han comenzado a aparecer en Cataluña en los que se declara "enemigos del pueblo" a los líderes de los partidos de la oposición. No hay que ser muy inteligente para saber que iniciativas de este tipo abren las puertas a la violencia contra el discrepante, que para los separatistas es todo aquel que no se somete a sus dictados.
La oposición catalana está actuando con enorme imprudencia, pero la máxima responsabilidad, con toda lógica, recae en el Gobierno, cuya primera obligación es garantizar la supervivencia del Estado que el separatismo trata de destruir. La negativa de Rajoy a intervenir contra la amenaza más grave que se cierne sobre la Nación es el principal acicate de los separatistas para llevar adelante su proceso liberticida. Si no hay urnas en Cataluña el próximo 1 de octubre no será por el Gobierno, sino porque la coyuntura de ese momento no interese a los secesionistas. De lo contrario, habrá referéndum. Será ilegal, pero el objetivo de amedrentar a más de la mitad de la sociedad catalana, que no quiere sucumbir ante un movimiento totalitario de cleptómanos y antisistema, se habrá cumplido con creces.