El PP, Vox y Ciudadanos han reclamado este miércoles la inmediata comparecencia en el Congreso del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ante la denuncia del Sindicato Unificado de Policía (SUP) de que el Gobierno estaría trasladando, “con nocturnidad, falta de transparencia y de control”, a cientos de inmigrantes ilegales desde Canarias hasta ciudades de la península como Granada, Cádiz, Málaga, Sevilla, Alicante, Valencia, Zaragoza, Barcelona y Madrid.
Se trata de una acusación de la máxima gravedad, pues desmiente tajantemente la versión del Gobierno, que, por boca de su portavoz, María Jesús Montero, afirmó en noviembre: “Repartir inmigrantes por la península daría alas a las mafias y reforzaría la ruta a Canarias”. En segundo lugar, esa temeraria e irresponsable dispersión de inmigrantes representaría un incumplimiento de la directiva de retorno de la UE, que promueve la vuelta de los migrantes irregulares a sus países de origen o tránsito.
Lo más grave de la denuncia de SUP es que los traslados se estarían ejecutando de forma clandestina, sin ponerlos en conocimiento de las autoridades de las localidades de destino. El Ayuntamiento de Granada ha afirmado que a los inmigrantes allí enviados el Gobierno no les facilitó un lugar al que dirigirse, por lo que quedaron abandonados a su suerte en una ciudad confinada perimetralmente por la pandemia del coronavirus.
Por cierto, no hay constancia de a estos simpapeles se les haya sometido a pruebas PCR, lo que supone un gran riesgo tanto para los policías que les han acompañado como para la población de las ciudades de destino.
El ministro del Interior debe comparecer de forma inmediata para dar explicaciones y, en su caso, presentar su dimisión, en caso de confirmarse esta huida hacia delante que no soluciona problema alguno, sino todo lo contrario. Para colmo, el Ejecutivo no ha hecho otra cosa que tachar de "xenófobos" a los policías que han desvelado el escándalo, como ha afirmado sin vergüenza el ministro de Inclusión y Migración, José Luis Escrivá, que ha tenido igualmente el cuajo de decir: “Los protocolos existentes garantizan que cualquier inmigrante llegando a costa es sometido por las autoridades sanitarias autonómicas a un PCR”. Pero es que el SUP no está hablando de los controles que pasan los inmigrantes una vez llegados a Canarias, sino de su estado cuando, muchos días después, se les traslada subrepticiamente a la península.
El Gobierno ha pasado tanto tiempo denigrando como “xenófobos”, incluso como “racistas”, a los partidos que, como Vox, vienen advirtiendo del riesgo de que Canarias se convierta en una "nueva Lampedusa" y del drama social que constituye la inmigración ilegal, que no parece tener otra solución que esparcir y agravar el problema y seguir arremetiendo contra quienes lo denuncian.