Mientras la televisión de Prisa emitía en sus informativos un publirreportaje sobre el régimen chavista intentando presentarlo como una mera socialdemocracia preocupada por los pobres, en la propia Venezuela la oposición congregaba a cientos de miles de personas esperanzadas con la posibilidad de que, por fin, las urnas le den un revés a Chávez. Le han dado alas las protestas estudiantiles, los ecos del cierre de Radio Caracas Televisión y la certeza de que tras esta votación el gorila rojo podrá acelerar la implantación del totalitarismo al que llama "socialismo del siglo XXI" y que no se diferencia nada del impuesto a sangre y fuego en el XX.
El domingo 2 de diciembre no se votará una reforma constitucional sino una Constitución nueva, tan amplios y profundos son los cambios propuestos a 69 artículos. La novedad que más ha llamado la atención ha sido la posibilidad de que Chávez se eternice en el poder, pero esto es de una importancia insignificante si se compara con el resto de las reformas, que indican qué podrá hacer con ese poder. Y lo que se le permitirá es mucho.
El nuevo texto reconoce la propiedad privada pero no la califica ya de derecho, abre la puerta a la expropiación sin ninguna causa que la justifique y promueve todo tipo de "propiedades" cuya única función es poner. No hace falta irse a los teóricos liberales para reconocer que esto pone en sus manos un poder absoluto; basta recordar lo que dijera Trostky: "En un país donde el único patrono es el Estado, la oposición significa la muerte por debilidad lenta. El viejo principio de que quien que no trabaje no comerá ha sido remplazado por uno nuevo: el que no obedezca no comerá". La eliminación de la propiedad privada significa, simple y llanamente, la destrucción de toda libertad, porque nadie dispondrá de un espacio en el que el Estado no pueda entrometerse.
Además, la Constitución complemente los tres poderes clásicos definidos por Montesquieu con el "poder popular", cuyas características se desconocen y no son precisadas, pero es de sospechar que se refiera a las comunas, una organización al estilo de los soviets con las que Chávez pretende eliminar cualquier posibilidad de independencia de los poderes regionales y municipales. También ofrece la posibilidad de decretar un estado de excepción en el que muchas garantías quedan anuladas, incluyendo la libertad de expresión.
Todas estas razones han llevado a una parte de lo que se denomina como "chavismo social", es decir, los partidarios no radicales, a decantarse por el no y hacerlo crecer en las encuestas bastante por encima del sí. El problema es que Chávez jamás aceptará ni admitirá un resultado adverso. Controla la junta electoral, de modo que puede asegurarse de que ésta anuncie una victoria tan amplia como desee. Sin embargo, estando los sondeos en su contra, y si no hay demasiada abstención, es poco probable que los venezolanos se lo creyeran. Eso pondría al golpista en una situación muy delicada, sobre todo teniendo en cuenta que muchas voces del chavismo ya se han mostrado contrarias a la reforma y a que los mandos medios del Ejército están sumamente descontentos con ella.
Nada nos gustaría más que el gorila rojo fuera derrotado en las urnas y este lo admitiera sin ambages. Pero parece el más improbable de los escenarios. A los dictadores –y Chávez lo es– no los suelen callar las urnas.
