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EDITORIAL

Racionamiento privado y despilfarro público

Salvo que queramos avanzar a pasos agigantados por el camino de la servidumbre, a quien le corresponde decidir qué debe hacer el ciudadano con su renta disponible, en qué gastarla y cuánto ahorrar es al propio ciudadano

EDITORIAL
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No contento con su liberticida ocurrencia de limitar la velocidad máxima en carretera a 110 Km/h como medida de ahorro forzoso en gasolina, el Gobierno baraja, junto a la Federación Española de Municipios y Provincias, otra colectivista medida de ahorro energético como sería la de poner una tasa por acceder en coche al centro de las ciudades. De esta forma, y según ha explicado el presidente de la FEMP, el socialista Pedro Castro, sólo los vehículos con matrículas pares podrían circular por los centros urbanos los días pares, mientras que los de matricula impar lo harían el resto de días. Por si esto fuera poco, el PSOE también ha analizado la posibilidad de limitar todavía más la velocidad en los cascos urbanos, pasando del máximo actual de 50 a 30 Km/h.

Parece evidente que, con estas disparatadas medidas, las autoridades públicas no buscan sino nuevos medios para satisfacer su voracidad fiscal mediante nuevas tasas y multas. Con todo, y aun concediendo que fuese una inédita preocupación gubernamental por el ahorro lo que las motiva (algo que, por cierto, no parece compartir el keynesiano secretario de Estado de Economía) habría que señalar que, con ellas, el Ejecutivo invade esferas que no le competen. Y es que, salvo que queramos avanzar a pasos agigantados por el camino de la servidumbre, a quien le corresponde decidir qué debe hacer el ciudadano con su renta disponible, en qué gastarla y cuánto ahorrar es al propio ciudadano. Ese es un derecho de toda persona tanto como es un deber de las administraciones públicas hacer un uso austero y eficiente de los recursos que extraen del contribuyente.

Si tanto le preocupa al Gobierno el ahorro en energía, en lugar de disparatadas y liberticidas medidas de racionamiento, que empiece por liberalizar el modelo energético; pues ahora impone barreras a ciertas formas de producción de energía, como la nuclear, y fija los precios, distorsionando su irremplazable función de informarnos de su demanda y escasez relativa.

Esta nueva cantinela del ahorro es, por otra parte, tanto más insultante para el ciudadano cuando las administraciones públicas siguen gastando mucho más de lo que ingresan, como deja en evidencia sus casi cien mil millones de déficit. Aunque esta cifra, que supone un 9,2% del PIB, cumpla con la promesa que el Gobierno le hizo a Bruselas, no por ello deja de situar a España en el vagón de cola de la UE. Eso, por no hablar de que esta reducción en conjunto del déficit público se debe exclusivamente al Estado central, pues los ayuntamientos y, sobre todo y a gran distancia, las comunidades autónomas siguen incumpliendo de manera creciente sus compromisos en este terreno.

Bien está que las diversas administraciones hagan esfuerzos por un consumo más eficiente de la energía que ellas consumen, siempre y cuando no pongan en peligro al ciudadano (por ejemplo, con una reducción de la iluminación en carreteras). Pero incluso el más plausible y legítimo ahorro estatal en energía será el chocolote del loro comparado con otro tipo de despilfarro público contra el que no se quiere meter tijera.


 

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