Mariano Rajoy se ha puesto en evidencia al reconocer públicamente la politización de la justicia acordada con Rodríguez Zapatero el pasado 23 de julio cuando, en un despacho de Moncloa, decidieron el nombramiento de Carlos Dívar como presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Este lapsus ha dejado aún más al descubierto la desvergüenza de populares y socialistas, que se reparten como si fueran naipes unos cargos que deberían garantizar la independencia del poder judicial, clave en cualquier Estado de Derecho digno de tal nombre.
Es más, con sus lapsus y titubeos, el líder del PP ha comprometido la independencia y profesionalidad de los vocales propuestos por su partido, reduciéndolos a meros ejecutores de las decisiones tomadas en Génova 13. Más allá de la traición de los principios constitucionales y de toda moral, el líder de la oposición ha expuesto su debilidad política ante la opinión pública y ha concedido a los socialistas argumentos suficientes con los que ser vapuleado en futuros debates. A partir de ahora, e independientemente de que todos los nombramientos judiciales hayan sido políticos, el Gobierno podrá acusar a los populares de ejercer un control directo sobre los vocales que propusieron, dejando en entredicho todas las votaciones del Consejo que no interesen a la interpretación "progresista" de la justicia.
Con la reforma de 1985, Alfonso Guerra declaró la muerte de Montesquieu. Este verano, populares y socialistas acordaron su entierro y Rajoy no ha tenido inconveniente en levantar su acta de defunción ante la estupefacción de todos los españoles.