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EDITORIAL

Rajoy no debe esperar más

Lo que tiene que calibrar Rajoy no son cuestiones de justicia, que para eso están los tribunales, sino de conveniencia política, en el mejor sentido de la palabra.

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El Tribunal Supremo ha aceptado este miércoles asumir la parte del 'caso Gürtel' relativa al tesorero y senador del PP, Luis Bárcenas, y al diputado del mismo partido Jesús Merino, al tiempo que ha devuelto el resto de la causa al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para que el juez instructor, Antonio Pedreira, siga llevando la investigación de la supuesta trama de corrupción.

Por mucho que en este momento procesal el Tribunal Supremo no aprecie indicios de delito de blanqueo de capitales –al que apuntaban tanto la Fiscalía como el magistrado Antonio Pedreira– su resolución indica claramente que existen elementos indiciarios de delitos contra la hacienda pública y de cohecho, en el caso de Bárcenas, y de cohecho en el caso de Merino. No se entiende, por tanto, la buena aceptación y el casi jubilo con los que el PP ha recibido la noticia. Para empezar, y por mucho que de la resolución no se desprenda la existencia de indicio alguno respecto a una supuesta trama de financiación ilegal por parte del partido, lo cierto es que el Supremo tampoco la descarta y que deja abierta la posibilidad de asumir en el futuro la totalidad de la causa, si en el trascurso de la investigación el juez Pedreira encuentra nuevos indicios que impliquen a aforados. Lo que ha hecho el Supremo no es archivar el grueso del "caso Gürtel", sino devolverlo al TSJM para que el juez Pedreira retome la investigación.

Por otra parte, lo más relevante en este momento es que el Supremo sí que ve indicios de delito contra la hacienda publica y de cohecho por parte de quienes son ahora mismo nada menos que diputado y senador y tesorero del PP. Un partido politico que hace gala de la "regeneración democrática" y que, además de ser honrado, debe parecerlo no puede permitirse que sigan en semejantes cargos personas bajo tan graves sospechas. Afirmar esto en modo alguno supone cuestionar la presunción de inocencia, sino reivindicar la necesaria separación del plano penal del de la responsabilidad política. En multitud de ocasiones Rajoy ha afirmado, en este sentido, que las responsabilidades políticas no pueden reducirse a las judiciales. Sin embargo, esto mismo es lo que Rajoy ha hecho cada vez que ha afirmado, con aparente sensatez, que tiene que ser "obligatoriamente justo" y esperar a que "quede demostrado" que Bárcenas ha hecho "algo que no debería hacer" para tomar medidas contra él. Esto, sin embargo, es tanto como arrogarse el papel de los tribunales. Son éstos, y no el líder del PP, quienes deben ser "obligatoriamente justos" y quienes deben "demostrar" que los implicados "han hecho algo que no deberían hacer". Lo que ha de calibrar Rajoy son cuestiones de conveniencia política, en el mejor sentido de la palabra, y no parece precisamente muy conveniente para un partido político tener como tesorero, senador o diputado a alguien bajo sospecha de haber perpetrado delitos de cohecho o contra la Hacienda Pública.

Ajenos al principio estricto de justicia, la política tiene sus privilegios y sus servidumbres, y una de estas últimas es –o debería ser– no tener que esperar a la condena para dimitir o ser destituido; entre otras cosas, porque la propia pena que castiga los delitos con los que se relaciona a Bárcenas y a Merino ya los apartaría de la función pública, por lo que el cese político en ese momento no tendría valor alguno. Aunque Rajoy confunda interesadamente momentos procesales distintos, tal y como hace cuando dice que "ni siquiera sabemos de que les acusan", es importante dejar claro que el líder del PP no está esperando a la imputación, sino a la hipotética condena, único momento –al margen del recurso– en que queda "demostrada" la existencia del delito.

En lo que sí que tienen razón para quejarse los dirigentes del PP es en las bochornosas y reiteradas filtraciones que han rodeado este caso que, además de ser constitutivas de un delito de revelación del secreto de sumario, conllevan ciertamente una indefensión a los implicados. Como bien ha señalado Esperanza Aguirre, ha llegado el momento de que se levante el secreto del sumario. La ley dice que como máximo éste tiene que durar un mes y si para entonces no se tiene el acceso a toda la información, se produce indefensión al no saber de que se acusa a cada uno.

En cualquier caso, eso nada tiene que ver con las decisiones que debe tomar Rajoy por el bien de su partido. La permanencia de Bárcenas y Merino en sus actuales cargos porque no sólo no hace desaparecer las sospechas que se ciernen sobre ellos, sino que las extiende a todo la formación política.


 

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