La Comisión Internacional de Verificación, auspiciada por el ejecutivo vasco y las fuerzas nacionalistas para dar al problema del terrorismo de la ETA una dimensión internacional de la que carece, ha servido nuevamente de altavoz de las exigencias de una banda terrorista para chantajear al gobierno y a todos los españoles. La curiosa forma de "verificar" los supuestos pasos de la banda terrorista "hacia la paz" consiste para los chicos de Brian Currin en leer los documentos que la banda les hace llegar, un insulto a la inteligencia de todos los españoles por el que el grupito se embolsa suculentas cantidades cuya procedencia exacta todavía está por determinar.
Sin embargo, en esta ocasión, las actividades de la pintoresca comisión nos han permitido conocer también datos muy interesantes sobre las negociaciones que el gobierno de Zapatero, con Rubalcaba al frente, mantuvo con los terroristas hasta el último minuto en el diseño de la estrategia futura para claudicar ante la banda de asesinos con el mayor disimulo posible.
Así hemos podido saber que los socialistas jamás exigieron a la ETA el desarme de la banda sino tan sólo un cese definitivo de los actos terroristas, planificado en el tiempo para que se hiciera público unas pocas semanas antes de las elecciones generales y supeditado al compromiso de beneficios penitenciarios de todo tipo, que tuvieran como destino la liberación progresiva de los asesinos previo su acercamiento a las cárceles del País Vasco.
En este estado de cosas llegó el partido de Mariano Rajoy al poder, deudor de los compromisos alcanzados por el anterior gobierno a los que se hurtaron las únicas exigencias que justificarían cierta relajación en la dispersión de presos que forma parte de la política antiterrorista, como son la entrega de todas las armas, la disolución completa de la banda y el esclarecimiento de los más de 300 atentados aún sin resolver con la puesta de sus responsables a disposición de la justicia.
El gobierno insiste en que ni ha negociado ni negociará con la banda terrorista, circunstancia que se compadece muy mal con la puesta en marcha de su plan de reinserción de etarras que no es sino la continuación de las negociaciones por otros medios. La banda terrorista ETA ha situado siempre en el centro de sus reivindicaciones la anulación de la política penitenciaria antiterrorista como primer paso para la excarcelación de sus miembros a cambio de ciertas concesiones, por lo que resulta muy difícil creer que el plan de reinserción no persiga precisamente abundar en la estrategia diseñada en su día por Zapatero.
Si el PP de Mariano Rajoy quiere hacer honor a su promesa de no negociar con unos terroristas debe actuar en consecuencia. Mientras no se entreguen las armas y se castiguen todos los delitos pendientes, no hay razón para modificar ni un ápice el estatus penitenciario actual de los asesinos. Es lo que exigen las víctimas, es lo que exigen los españoles y es, sobre todo, la única decisión compatible con la existencia de un verdadero Estado de Derecho.