Que los políticos dedican su actividad a perpetuarse en el poder y no a resolver los problemas reales de los ciudadanos es algo que no debería sorprender a demasiados. Lo importante para nuestros mandatarios no es configurar unas instituciones que garanticen y protejan la vida y la libertad de los españoles, sino satisfacer demandas parciales de su electorado para seguir conservando el cargo oficial.
La Ley de la Memoria Histórica que ha aprobado el Ejecutivo de Zapatero es un ejemplo claro de cómo se marginan problemas actuales de calado (como la crisis económica) mientras se prima la resurrección de conflictos de hace 70 años con la finalidad de crear sentimientos artificiales de facción; unos bloques compactos de "izquierdas" y de "derechas" que, en realidad, no tienen nada que ver –al menos, la derecha– con sus supuestos ascendientes ideológicos de la Guerra Civil. Pero además, la Ley de Memoria Histórica ha extendido la nacionalidad española y el consecuente derecho al voto (que es, posiblemente, lo que en realidad le interesa al Gobierno) a los hijos y nietos de los exiliados durante el franquismo.
Al Ejecutivo, sin embargo, no se le ha ocurrido resolver, con una reforma similar, un problema mucho mayor que sigue lastrando día a día la vida de cientos de miles de españoles desde hace más de 30 años: la desprotección y el hostigamiento que padecen los ciudadanos no nacionalistas en el País Vasco y Navarra. La cuestión ya no es tan sólo que ETA siga asesinando y que ello genere una incertidumbre insufrible para muchos amenazados; lo realmente escandaloso es la complicidad de una parte de la población (y de los políticos que la representan) con los objetivos de los terroristas.
Es un lugar común que no se está combatiendo a ETA y a su entorno tanto como las leyes y la eficacia de las fuerzas de seguridad permitirían. La izquierda y los nacionalistas, concentrados en el botín electoral que pueden lograr sacudiendo el nogal, han tratado de concertar el frente policial con un imposible e inexistente frente político que conduzca a un "final negociado de la violencia" y a una capitalización de la paz y de las cesiones soberanistas consiguientes.
Las presiones y las amenazas cotidianas han forzado a muchos no nacionalistas a abandonar su tierra natal por simple instinto de supervivencia físico y mental. Se calcula que el número de exiliados vascos y navarros podría rondar los 200.000 aunque probablemente la cifra, de difícil cómputo, sea muy superior. Son unas 200.000 personas que, obviamente, habrían votado en las elecciones a partidos políticos que defendieran una ofensiva real contra todo el entramado terrorista, entre los que no se encontrarían, previsiblemente, los nacionalistas.
Esta sangría de votantes no nacionalistas propiciada por el terrorismo etarra y por la pasividad de muchas administraciones vascas y navarras (desde el Gobierno vasco a multitud de ayuntamientos) sirve obviamente a las metas políticas del nacionalismo: una vez todos los constitucionalistas abandonen el espacio electoral vasco, el nacionalismo se consolidará como la única vía ideológica para todo el territorio.
Por ello, resulta urgente y de justicia que los exiliados vascos y navarros recuperen el derecho a votar en los territorios que tuvieron que abandonar para garantizar su integridad. Se suele decir que no se puede ilegalizar a las franquicias políticas de ETA porque representan a una parte sustancial de la población que no debe ser olvidada en las instituciones. Pues bien, el Partido Comunista de las Tierras Vascas recibió en las últimas elecciones autonómicas 150.188 votos; si no podemos marginar a este sector del electorado por ser demasiado numeroso, ¿con qué argumento se justifica la marginación de una parte muy superior (cuantitativa y moralmente) como son los exiliados?
Sin contabilizar estos últimos votos, la tan cacareada "voluntad de los vascos" no constituye más que un abierto fraude antidemocrático. La función del Estado de Derecho es garantizar los derechos individuales de sus ciudadanos y a éstos no se les puede condicionar el derecho al voto a un ejercicio de valentía frente a los peligros que la negligencia de la democracia –cuando no su abierta complicidad– desatan.
Si los hijos y nietos de los exiliados por el franquismo van a adquirir el derecho al sufragio activo, ¿cuánto más derecho no tienen acaso los exiliados vascos y navarros? Y si esto es evidente, ¿a qué esperan los políticos españoles para reformar la legislación en este sentido? Como en tantas otras cosas, lo único que falta para implementar este decisivo cambio en el panorama social vasco y navarro es voluntad política. Por ello, no podemos más que saludar la iniciativa promovida por César Velasco Arsuaga y DENAES. Justamente, lo que se necesita es un empuje desde abajo para que nuestros gobernantes concedan prioridad a los problemas realmente acuciantes en lugar de dedicarse a conflictos de hace 70 años.