Tal y como recordarán los lectores, el juez Garzón recurría el pasado viernes a la pirueta, aparentemente técnica, de transformar en sumario su investigación sobre los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo con el único objetivo de obligar a la Fiscalía a manifestar su lógica oposición en forma de recurso de reforma ante el propio magistrado. Esto permitiría a Garzón un plazo de tiempo indeterminado para admitirlo o rechazarlo, y alargar así, indefinidamente, ese multimillonario disparate jurídico a cargo de los contribuyentes con el que el "juez estrella" busca engrosar su notoriedad.
No obstante, el Ministerio Fiscal, tal y como ya adelantó el sábado el juez Gómez de Liaño a la Cadena Cope, podía seguir, con todo, interponiendo un recurso de apelación directo, "sin necesidad de pasar por la reforma ante el juez"; cosa que el fiscal jefe Javier Zaragoza ha hecho este lunes ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
En su recurso de apelación, el fiscal acusa a Garzón de querer abrir una "inquisición general" de la Guerra Civil y la dictadura de Franco a través de una investigación "difícilmente compatible del alcance, límites y fines del proceso penal en un Estado de derecho". El escrito del fiscal, que se articula en torno a tres argumentos, es impecable: En primer lugar, acusa fundadamente a Garzón de querer llevar a cabo una "causa general" prohibida por la Constitución; en segundo término, considera que los delitos han prescrito y que, además, estarían perdonados por la Ley de Amnistía; y, por último, señala que se tratan de delitos comunes y no de crímenes contra la humanidad.
Garzón, por su parte, sigue a la suya, y este mismo lunes ha dado nuevas muestras de esa parcialidad y prejuicios que ya dejara en evidencia en la resolución por la que se consideraba competente para enjuiciar los crímenes de la Guerra Civil y del franquismo. No otra cosa cabe decir de su sectario nombramiento del juez Antonio Doñate Martín y del fiscal Carlos Jiménez Villarejo como miembros de la "comisión de expertos" creada en el marco de la investigación de marras: si el primero es un miembro de Jueces para la Democracia, conocido por su activismo en pro de una sectaria e intemporal "justicia universal", el segundo, tío de Trinidad Jiménez y miembro de la Unión Progresista de Fiscales, ha alardeado de su izquierdismo hasta el extremo de haber concurrido en las listas de ICV-EuiA en la provincia de Barcelona y de haber estado a punto de encabezar la candidatura europea de IU.
Claro que, para dar cobertura a semejante dislate jurídico, difícilmente Garzón podría haber encontrado a otro tipo de "expertos". En cualquier caso, por mucho que sea el afán de notoriedad de Garzón y por mucho que sea el "respeto" del Gobierno a esta maniobra que nos distrae de la crisis que padecemos, esperemos que el merecido recurso de la Fiscalía ponga fin cuanto antes a este injusto esperpento con el que se pretende dilapidar millones de euros del contribuyente y, lo que es peor, dinamitar la reconciliación que las víctimas de uno y otro bando sellaron en nuestra transición a la democracia.