Como era de esperar, el juez que instruye la pieza del caso Imelsa relacionada con el presunto blanqueo de capitales en el PP de Valencia ha pedido al Tribunal Supremo que investigue –que impute, en la anterior terminología– a la exalcaldesa y aún senadora Rita Barberá.
La decisión es tan lógica como poco sorprendente: decenas de miembros del PP están imputados por estos mismos hechos y parecía imposible que la superior jerárquica de todos ellos no fuese al menos investigada. Los indicios no son suficientes para una condena, pero sí para abrir esa investigación.
Así las cosas en el ámbito jurídico, en el político una cuestión parece insoslayable: Rita Barberá no puede seguir siendo senadora. Las responsabilidades políticas no son las mismas que las penales, y el hecho de que fuese la líder de una lista saturada de imputados es razón más que suficiente para que la exalcaldesa abandone su escaño en el Senado, donde sólo puede hacer daño a la institución y a su partido. Además, su comportamiento desde que estallase el escándalo tampoco está siendo lo ejemplar que debiera, en un momento político y social tan delicado.
En cuanto a las dudas que suscita este caso, una de las más importantes tiene que ver con la gestión que del mismo está haciendo el PP: por qué en otros casos de corrupción los populares se han andado sin miramientos ni contemplaciones con sus protagonistas y en éste muestra una paciencia y un tacto harto notables con Barbará, pese a los indicios en su contra y sus deficientes explicaciones. La comparación más sangrante quizá sea la que pueda trazarse con el exministro Soria.
Las acusaciones de doble rasero no recaen sólo sobre el PP, ni mucho menos. Las detenciones con gran aparato mediático están a la orden del día para cualquier persona relacionada –hoy o ayer– con el partido de Rajoy, mientras que otros presuntos corruptos no pasan ni por el trámite de entregar el pasaporte en el juzgado y no tienen legiones de periodistas siguiéndoles sin descanso. Del mismo modo, los indicios de blanqueo en el PP son examinados al detalle, mientras que los de Podemos se aparcan o, aún más sonrojante, se utilizan para atacar... al propio Partido Popular.
Por otro lado, y para concluir, se da la paradójica circunstancia de que la sucesión de escándalos de corrupción que copan las portadas de los medios y desfilan por los juzgados no está asentando la idea de una regeneración democrática en curso, sino la de que la Justicia no puede o no la dejan cumplir con su crucial función. Y eso es tan preocupante como grave.