A pesar del ominoso respaldo que recibió de la práctica totalidad de los medios de comunicación –con la excepción de Libertad Digital y poquísimos más– y de la totalidad de los partidos políticos –con la encomiable excepción de Vox, que no tardó en desmarcarse y cuyo decisivo recurso ha sido parcialmente estimado–, el Tribunal Constitucional (TC) acaba de declarar contrario a la Carta Magna el liberticida y empobrecedor confinamiento impuesto por el Gobierno social-comunista bajo un fraudulento estado de alarma.
Ni que decir tiene que semejante varapalo debería llevar al presidente del Gobierno a presentar su dimisión de inmediato... y a los líderes de PP y Ciudadanos a pedir disculpas por haberlo secundado en sucesivas prórrogas, aun cuando ya era evidente que la limitación de derechos que imponía era tan severa que se trataba en realidad de una suspensión de los mismos que sólo hubiera tenido amparo –tal y como señala ahora el Alto Tribunal– bajo el estado de excepción.
Así se denunció en su día en estas mismas páginas, donde denunciamos el "fraude de ley" y el "estado de excepción encubierto", tal y como también lo había hecho la ex fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, en un espléndido artículo titulado "La sociedad cautiva". Sin embargo, únicamente Vox se desmarcó del desafuero, lo que le dejó solo en defensa del orden constitucional.
Evidentemente, el segundo estado de alarma, decretado por Sánchez en octubre –que afortunadamente ya fue rechazado por el PP, además de por Vox– fue igualmente inconstitucional, no ya sólo por el grado de conculcación de derechos fundamentales que conllevó, sino por su escandalosa duración de seis meses, en clara desatención del artículo 116.2 de la Constitución, que señala que sólo puede ser prorrogado mediante votación parlamentaria cada quince días.
Con todo, habrá quien lamente que el TC haya advertido tan clamorosa inconstitucionalidad por tan sólo seis votos contra cinco; o que haya hecho el favor al Gobierno de no señalar también la inconstitucionalidad de la limitación a la actividad económica, lo que hubiera abierto la puerta a cuantiosas reclamaciones económicas al Estado por parte de negocios y empresas.
Tiempo habrá de ver los argumentos empleados en la sentencia, cuyo contenido aún no se ha hecho público. Sea como fuere, hay que congratularse por el mensaje que lanza frente a los nuevos y aún más graves atropellos a las libertades y el orden constitucional que está urdiendo el Ejecutivo social-comunista, como es el caso de la Ley de Seguridad Nacional.
Y es que, a pesar de las formidables pulsiones totalitarias del Gobierno, no todo estará perdido si en España quedan tribunales de justicia dignos de tal nombre.