Si el presidente del Gobierno fuese un iluso capaz de creerse que la injusta concesión del indulto a los golpistas del 1-O servirá para una reconciliación ya no entre españoles sino entre catalanes –entre los nacionalistas que cercenan las libertades de todos y los no nacionalistas que padecen los desmanes liberticidas de los primeros–, bastaría echar un vistazo a las más recientes declaraciones del sedicioso Gobierno regional catalán para comprender el tremendo error en el que Pedro Sánchez estaría instalado. Y es que la confirmación de la concesión de los indultos ha provocado que Pere Aragonès eleve el tono a la hora de exigir la amnistía de los celebrados delincuentes y la realización de un nuevo y radicalmente ilegal referéndum para la secesión, con esa complicidad y acuerdo del Gobierno central que también buscaron pero no obtuvieron en 2014 (9-N) y 2017 (1-O).
Pero Sánchez no es un apaciguador ni un iluso, ni está cometiendo un error con la mejor de las intenciones, frente al que cabría prevenirle con aquella máxima de Julian Marías sobre lo contraproducente de "intentar contentar al que no se va a contentar". No. Sánchez sabe mejor que nadie que estos indultos no van a tener otro efecto que reforzar la tremenda sensación de impunidad de los nacionalistas, así como su compromiso con la consumación del proceso de independencia iniciado en 2012.
Si, pese a ello, Sánchez concede los indultos a quienes han hecho gala de su falta de arrepentimiento y, junto a sus correligionarios de la Generalidad, ya preparan una tercera y no menos ilegal y liberticida consulta separatista, se debe fundamentalmente a que eso le permite seguir en la Moncloa un poco más de tiempo. Es así que se entiende no sólo que los golpistas presos no muestren el menor arrepentimiento, sino que ni se planteen traicionar, con un eventual y repentino acatamiento del orden constitucional, a las formaciones separatistas que han impuesto su suelta a Sánchez. Se da así la nauseabunda paradoja de que Sánchez concede los indultos a quienes ni por convicción ni por interés pueden mostrar el menor arrepentimiento por los delitos cometidos, sino que, por el contrario, deben mostrar su mayor compromiso con la reincidencia.
Que los nacionalistas quieran que la tercera consulta secesionista cuente con el acuerdo del Gobierno no la haría menos ilegal que las dos anteriores, pero sí mucho más peligrosa, pues exigirían el reconocimiento pleno de los resultados al Reino de España sobre la base de que su Ejecutivo central respaldó el referéndum.
Así las cosas, y con independencia de que en el futuro Sánchez también brinde su respaldo a un referéndum acordado, ya no caben dudas de la complicidad del Ejecutivo social-comunista con los sediciosos que están tratando de acabar con la Nación. Aun así, es dudoso que la denuncia por prevaricación de Manos Limpias contra el Gobierno por la concesión de los indultos tenga recorrido. Y es que la arcaica potestad de gracia –que, por definición, es una quiebra del ius puniendi– es competencia exclusiva del Ejecutivo. El Gobierno está obligado a pedir un dictamen al Supremo, sí, pero sus conclusiones son preceptivas, no vinculantes.
Ahora bien, nada desaconseja intentarlo, todo lo contrario. Por legal que sea la inmoral concesión de esos indultos, o por obligado que pueda estar el Rey a refrendarlos, toda iniciativa es poca para denunciar la vileza de este Gobierno felón.