Hace bien el Partido Popular en presentar ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) una querella contra Quim Torra por usurpación de funciones públicas, al haberse éste mantenido como presidente de la Generalidad a pesar de haber sido inhabilitado como diputado por la Junta Electoral Central (JEC) y por el Tribunal Supremo. Y es que, habida cuenta de lo estipulado en el artículo 67.2 del estatuto de autonomía catalán, parece claro que la pérdida de la condición de diputado comporta automáticamente el cese como presidente de la región. No lo consideran así, sin embargo, las formaciones separatistas, que, si bien reconocen que para poder ser investido presidente hay que ser diputado autonómico, consideran que no se tiene obligatoriamente que abandonar tal cargo si se pierde el acta de diputado.
Es a todas luces una interpretación artera que sólo trata de burlar la legislación –la nacional y la autonómica–, tal y como los nacionalistas vienen haciendo desde antes incluso del inicio del ilegal proceso secesionista.
Lo indiscutible, con independencia de que sea o no condenado por un delito de usurpación de funciones, es que Torra ya ha sido condenado por desobediencia por el TSJC e inhabilitado como diputado autonómico por la JEC, por lo que el más elemental sentido de la responsabilidad debería llevar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a suspender su encuentro, previsto para este jueves, con semejante delincuente, que detenta ilegítimamente la presidencia de la Generalidad y se ha comprometido públicamente a seguir adelante con el golpe de Estado que en su día lideraran sus antecesores en el cargo Artur Mas y Carles Puigdemont.
Pero Sánchez se mantiene genuflexo ante las exigencias que le plantea ERC, formación tan implicada en el golpe como la del presidente ilegítimo de la Generalidad y que exige esa entrevista como condición sine qua non para sostener al socialista en la Moncloa. El indecente Sánchez ha pasado de mostrar su disposición a intervenir la Generalidad y detener a Puigdemont, a dar interlocución y legitimidad al secuaz del prófugo sedicioso.
En esa misma línea de indecencia política, el PSC se ha abstenido este miércoles en el pleno del Parlamento regional de Cataluña –y dejado solos a Cs y PP– en la bochornosa decisión impulsada por JxCat, ERC, la CUP y los podemitas de recurrir ante el Supremo la retirada del acta de diputado a Torra. Si ya resulta escandaloso que una Cámara autonómica recurra ante el TS una inhabilitación que ya ha sido refrendada por el propio TS, más sonrojo provoca recordar que ese mismo Parlamento en rebeldía mantiene sin derogar una resolución ilegal en la que se arremetía contra el Supremo por el juicio del 1-O, contra el Rey y a favor del falso derecho de autodeterminación.
Así las cosas, está visto que la máxima responsabilidad del subversivo statu quo que impera en Cataluña no es de Torra ni de ningún otro dirigente secesionista, sino de Sánchez, que ha hecho de la traición a la Nación y a su orden constitucional la manera de perpetuarse como presidente del Gobierno.