Pocas veces se ha visto un caso más grosero y pernicioso de utilización de la Administración con fines partidistas que el de la intervención de la Junta de Andalucía por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.
De manera tan sorpresiva como alevosa, el Gobierno ha comunicado al Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla que no le permitirá adherirse al Fondo de Liquidez Autonómica, lo que implica de facto la intervención de las cuentas andaluzas y crea un obstáculo formidable para que la Junta encuentre en los mercados fuentes asequibles de financiación.
El escándalo es todavía mayor si se tiene en cuenta que se está penando a un Gobierno andaluz forzado a asumir el deficiente Presupuesto regional de 2018, pergeñado por una impresentable María Jesús Montero que vio premiada su sectaria incompetencia con la cartera de Hacienda en el Gabinete del propio Pedro Sánchez.
Con indignante desfachatez, el Gobierno aduce un desfase del déficit de la Junta de una décima, del 0,4% previsto al 0,5% con que finalmente cerró el ejercicio. El caso es que otras comunidades superaron ampliamente ese límite, sin que Sánchez haya movido un dedo al respecto. Es el caso, por ejemplo, de la socialista Valencia, cuyo 1,4% triplica lo previsto en el Programa de Estabilidad; pero Sánchez y Montero no tienen nada que decir al respecto...
Como denuncia el consejero de Hacienda de la Junta, Sánchez utiliza la maquinaria de la Administración del Estado para castigar a los andaluces por no votar al corrupto y corruptor PSOE de Montero y sus semejantes, cuyo régimen de cuatro décadas ha sido una auténtica lacra para Andalucía.
Este infame castigo colectivo a los andaluces es de una gravedad extrema y debe hacer saltar todas las alarmas: el Gobierno de Sánchez y Montero se comporta de manera rabiosamente antidemocrática, muy en línea con los populismos hispanoamericanos (peronista, chavista) que fascinan a su socio de referencia, el ultra Pablo Iglesias.