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EDITORIAL

Se nos acaba el crédito

ZP continúa mareando la perdiz delegando la que tal vez sea la reforma prioritaria de nuestra economía a unos sectarios sindicatos que no vacilan en tildar de "sicario" a quien rechaza una huelga general en esta situación de emergencia nacional.

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La palabra crédito viene del verbo latino credere (creer). El crédito, si bien suele tener una manifestación monetaria, es una cualidad económica que va más allá de la mera transferencia de dinero. Conceder crédito a un individuo, a una empresa o a un país significa tener confianza en su capacidad para cumplir con las obligaciones que ha contraído.

Zapatero, en una de esas expresiones de fingida indignación que quedan como registro de su hipocresía e ineptitud, señalaba que "no daba crédito". Aunque probablemente no quisiera significar lo que una interpretación estricta de sus palabras daba a entender, el presidente del Gobierno estaba describiendo con triste precisión su situación personal y, por extensión, la de la economía española: cada vez menos gente confía en nosotros y en nuestra capacidad para pagar toda la deuda, pública y privada.

Es indudable que la causa inicial de nuestra crisis debe buscarse en el pinchazo de la enorme burbuja que fue cebada por el sistema bancario nacional y por el Banco Central Europeo. Hasta el momento del estallido –finales de 2007– no habría por qué asignarle una especial responsabilidad al Gobierno de Zapatero, salvo por el hecho nada desdeñable de mentir a la población con su reiterada negación de la crisis.

Sin embargo, aproximadamente desde que volvió a ganar las elecciones gracias a su refinada labor de propaganda, la magnitud y el ritmo de degeneración de nuestra economía debe imputarse especialmente a la política intervencionista desplegada por el PSOE. Si algo necesitaba España era, como solía repetirse hace años, "cambiar su modelo productivo", es decir, lograr un reajuste de sus factores productivos –concentrados en la construcción y sectores anexos– para que volvieran a generar riqueza.

Ello exigía una política de estricta austeridad del sector público y, sobre todo, no entorpecer a los mercados. Pero Zapatero optó por todo lo contrario: "La salida de la crisis será social o no será", decía. Para ello, incurrió en un déficit público con escasos parangones internacionales e históricos y se cerró en banda a liberalizar un mercado de trabajo más rígido que el de Zimbabue. La consecuencia ya la sabemos: más de un 20% de paro, estancamiento total de la economía y un ritmo de endeudamiento que ya no podemos sostener.

Primero fue la agencia de calificación Standard & Poor’s la que vino a rebajar el rating de nuestra deuda pública –algo que los inversores ya hacían de facto al exigirnos rendimientos mucho mayores que los de la deuda alemana– y ayer fue Fitch. El motivo principal por el que esta agencia ha tomado semejante decisión ha sido su preocupación por que el mercado laboral español es demasiado inflexible, lo que retrasará enormemente la recuperación económica y la consolidación del déficit (pues una de sus mayores partidas son los subsidios de desempleo).

Todo el mundo que sepa algo de economía coincide en la imperiosa necesidad de liberalizar nuestro mercado de trabajo para reducir el coste de la contratación y, a partir de ahí, reajustar la economía creando empleo en nuevos sectores económicos que empiecen a ser rentables a esos minorados costes.

Zapatero probablemente sea consciente de ello después del rapapolvo que recibió de manos de Merkel, Sarkozy y Obama. Y, pese a ello, continúa mareando la perdiz delegando la que tal vez sea la reforma prioritaria de nuestra economía a unos sectarios sindicatos que no vacilan en tildar de "sicario" a quien considera poco aconsejable convocar una huelga general en esta situación de emergencia nacional. Si bien el Ejecutivo había prometido que el próximo lunes se produciría una reforma laboral con o sin diálogo social, ayer aclaró que no se trataba de una fecha límite y que podría retrasarse todavía más. En realidad, llevamos como mínimo tres años de retraso, tal y como hemos venido denunciando en estas páginas desde el comienzo de la sangría laboral. Ahora se están dando cuenta las casas de análisis, las instituciones oficiales y las agencias de calificación. Se nos acaba el tiempo y el crédito: sin reformas inmediatas, ni Bruselas ni el FMI podrán rescatarnos. Pocos ejemplos más claros hay de que Zapatero o actúa ya o debe marcharse a su casa para que otro pueda tomar las decisiones que todos sabemos que necesitamos.


 

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