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EDITORIAL

Sin dinero, se acaban los "derechos sociales"

Una vez hemos descubierto que el rey está desnudo y que las prestaciones de desempleo no son un derecho sino una renta que financia coactivamente cada trabajador de su bolsillo, no hay motivo alguno para que no se proceda a su privatización.

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Decía Margaret Thatcher con toda la razón del mundo que el socialismo deja de funcionar cuando se termina el dinero. En España, durante los últimos años, hemos podido comprobar perfectamente la validez de esta máxima. Al cabo, durante décadas nuestros socialistas de izquierdas y de derechas nos inundaron con la propaganda de que los españoles éramos acreedores de una serie de "derechos sociales" que, por supuesto, sólo nos los podían garantizar los políticos a través de incrementos de los impuestos y del gasto público. Tan pronto como el dinero ha dejado de entrar en grandes cantidades en el erario público, los derechos sociales se han desvanecido. Así pasó con el cheque bebé, las pensiones dignas, la vivienda de protección oficial y, ahora, con el subsidio de desempleo.

Los liberales siempre hemos visto con desconfianza un subsidio generalizado al paro, por cuanto todo lo que el Estado subvenciona tiende a multiplicarse (en este caso, la situación de desempleo). Además, estaba el hecho nada desdeñable de que, como todos los derechos sociales, el de la prestación de desempleo era sufragado mes a mes por el sangrado tributario de las nóminas de los trabajadores a quienes presuntamente se buscaba proteger. Si una persona desea percibir una renta en caso de perder su empleo, no necesita que el Estado le detraiga mes a mes un porcentaje de su nómina: basta con que ahorre esos importes o que contrate un seguro privado contra el desempleo como los que existen en media Europa.

Ahora, sin embargo, comprobamos la auténtica naturaleza de ese supuesto "derecho social". En cuanto han comenzado a escasear los ingresos fiscales, el Ministerio de Trabajo ha comenzado a restringir las condiciones para percibir la ayuda. Así, aun cuando el régimen de sanciones se mantiene intacto, el Gobierno socialista ha ampliado enormemente las causas de sanción y consecuente pérdida del subsidio.

No se trata, obviamente, de que estemos en contra de que se introduzca un poco de racionalidad en el reparto de subsidios de desempleo y de que se aproxime su gestión a como muy posiblemente lo haría una empresa privada (esto es, que un desempleado no pueda seguir cobrando el subsidio si de manera persistente declina ofertas de trabajo). El problema es que, una vez hemos descubierto que el rey está desnudo y que las prestaciones de desempleo no son un derecho sino una renta que financia coactivamente cada trabajador de su bolsillo, no hay motivo alguno para que no se proceda a su privatización: esto es, a que nos bajen los impuestos para que podamos ahorrar de cara a una eventual situación de paro o, si lo deseamos, contratar un seguro contra el desempleo. Lo último que necesitamos es que los socialistas sigan mangoneando de manera innecesaria con nuestro dinero; ya vemos las nefastas consecuencias que conlleva.


 

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