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EDITORIAL

Sólo Rajoy confía ya en Ana Mato

Rajoy debería apartarla del ejercicio de lo público por más que esta decisión colisione con su particular concepto de lo que es "justo" o "merecido".

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad es la figura política más contestada por la opinión pública española, incluidos los votantes del Partido Popular al cual pertenece. Así se desprende de la encuesta encargada por el diario El Mundo, que refleja un rechazo abrumador hacia Ana Mato en términos generales y de casi un setenta por ciento entre los votantes del PP. Las razones para este repudio popular no pueden ser otras que su implicación, siquiera indirecta, en la trama de corrupción destapada en el seno del Partido Popular por el caso Gürtel.

No hay constancia de que Ana Mato haya tenido una participación directa en el entramado diseñado por Correa y sus socios, pero para mantenerse en un cargo público es necesario que no haya ni la más ligera sospecha de que su titular se haya beneficiado de operaciones delictivas orquestadas al abrigo del poder. Lamentablemente para Ana Mato, hay evidencias incuestionables de que durante su matrimonio con Jesús Sepúlveda, imputado en el caso, estuvo disfrutando de cuantiosos regalos de los principales acusados de la trama Gürtel, lo que supone un motivo de peso para que el clamor popular pidiendo su dimisión esté plenamente justificado.

Pero no sólo es que los votantes del Partido Popular exijan en este caso concreto una respuesta ejemplar de sus dirigentes, sino que algunos de estos últimos, como Esperanza Aguirre o Núñez Feijoo, han salido incluso a la palestra para recoger ese rechazo ampliamente extendido entre sus partidarios, pidiendo acciones concretas que zanjen de una vez un asunto tan enojoso.

En efecto, como acertadamente exigió ayer Núñez Feijóo, Ana Mato "tiene que dar explicaciones y contundentes" sobre los beneficios de que ha disfrutado gracias a la trama Gürtel, cosa que hasta el momento no ha hecho más allá de acusar veladamente de machistas a los que se han atrevido a criticarla. Si no puede rechazar las acusaciones de forma convincente, Rajoy debería apartarla del ejercicio de lo público por más que esta decisión colisione con su particular concepto de lo que es "justo" o "merecido".

Ser presidente del Gobierno implica tomar a veces resoluciones enojosas, pero cuando el interés público, la imagen de España o un elemental sentido del decoro institucional lo exige, no puede haber vacilaciones. Pocas veces tendrá Rajoy una ocasión tan clara de demostrar su compromiso con el deber como en el caso de su todavía ministra de Sanidad.

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