El espectáculo que ha dado el Gobierno en funciones del PP –especialmente Rajoy y el ministro De Guindos– en torno a la designación de José Manuel Soria como director ejecutivo del Banco Mundial no ha podido ser más bochornoso. Primero esperaron a que acabara el pleno de investidura del pasado viernes, en el que Rajoy se presentó como paladín de la regeneración y la transparencia, para hacer público que el exministro de Industria y Energía, que tuvo que dimitir hace sólo unos meses por participar en sociedades en paraísos fiscales y, sobre todo, por mentir descaradamente a la opinión pública durante toda una semana, iba a ser el máximo representante español en la institución financiera internacional, puesto por el que cobraría la friolera de 226.500 euros anuales libres de impuestos.
Posteriormente, y tras desatarse el lógico escándalo, Rajoy y De Guindos, responsables directos del enchufe, trataron de acallar las criticas –algunas de ellas provenientes de su propio partido– fingiendo perplejidad e incluso indignación ante las mismas, al tiempo que recurrían a todo tipo de falacias y medias verdades que, lejos de mitigarlo, tuvieron el efecto de agravar el escándalo. Buen ejemplo de ello fue que ambos utilizaran el hecho de que el puesto de Soria era un cargo administrativo para ocultar que la designación sí era política; o que Rajoy calificara falazmente de "concurso" un procedimiento de selección que no era abierto ni público y en el que tenía la última palabra el Gobierno.
Finalmente, ante el riesgo de tener que incurrir en contradicciones y falsedades aun más graves que las que obligaron al político canario a dejar de ser ministro, el desbordado Rajoy ha forzado a Soria a renunciar a esa canonjía, con la que trataba de agradecer los servicios prestados, no precisamente en el ámbito de la Administración.
El propio Soria ha manifestado que renuncia "a petición del Gobierno", así como por la "desproporcionada utilización" que, a su juicio, se ha hecho de su designación. Si tan inesperada y desproporcionada ha sido para el Gobierno la reacción mediática y política, ¿por qué esperó para hacerlo público hasta el último momento? ¿Por qué, después, Rajoy y De Guindos, incluso Sáenz de Santamaria, presentaron el nombramiento como una decisión administrativa irreprochable y a la que eran ajenos? ¿Acaso puede un Gobierno ajeno a un nombramiento forzar a alguien a que renuncie al mismo?
Visto lo visto, no se sabe qué es peor: que a Moncloa no le importara la reacción que iba a desencadenarse o que no tuviera conciencia de lo que estaba haciendo. En cualquier caso, ambas opciones desacreditan al Gobierno de Rajoy y su supuesta voluntad de enmienda en lo que a transparencia y regeneración democrática se refiere.