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EDITORIAL

Todos contra la pederastia

El viernes pasado, Día mundial de protección infantil contra la pederastia y la pedofilia, un conjunto de organizaciones de todo del mundo lanzó una propuesta de endurecimiento de penas y de mayor atención gubernamental a estos crímenes

En los últimos años, tanto la Interpol como las fuerzas de Seguridad del Estado, y en especial la Guardia Civil, han conseguido desmantelar un buen número de redes de pederastas que aprovechan las nuevas tecnologías para captar clientes y difundir sus prácticas repulsivas entre su público potencial. La detención esta semana de 41 personas en una operación contra la pornografía infantil gracias a la colaboración ciudadana es una excelente noticia que demuestra la creciente concienciación social ante este tipo de delitos.

 

Sin embargo, no conviene bajar la guardia ni pensar que los abusos sexuales a menores se limitan a unas cuantas páginas de Internet. En realidad, la divulgación de estas aberraciones en la red no es sino la punta del iceberg de un sucio negocio global cuya represión se ve obstaculizadas por la falta de cooperación de algunas autoridades de varios países, que prefieren hacer la vista gorda ante la violación sistemática del derecho a la integridad física y de la libertad sexual de las personas.  

 

La lucha contra las violaciones a menores, un delito extremadamente difícil de detectar y ante el que la legislación penal debe mostrarse dura e inflexible debido a la altísima tasa de reincidencia de sus perpetradores (hasta la fecha, la práctica totalidad de los experimentos de rehabilitación y reinserción han fracasado) requiere en primer lugar una mejora de los mecanismos de cooperación internacional. Además, el endurecimiento de las penas y la información sobre los hábitos y perfiles psicológicos de los pederastas evitarían la comisión de buena parte de estos delitos. Por último, la valiosa e imprescindible labor de los científicos en el esclarecimiento de las causas y posibles remedios a esta inversión moral no debe confundirse nunca con la tolerancia hacia esta clase de violencia,  cuyas secuelas físicas y psíquicas son a menudo imposibles de erradicar.  

 

En este sentido, la movilización social suscitada a partir de los casos de Mari Luz Cortés, la niña onubense asesinada el año pasado invierno, y del conocido como Nannysex (al menos 23 delitos de abusos) hizo que el pasado 3 de junio el Congreso de los Diputados aprobase una serie de medidas dirigidas a mejorar el control sobre los pederastas y a endurecer el tratamiento de sus delitos. Sin embargo, la falta de firmeza de los grupos parlamentarios de la izquierda impidió que prosperase una iniciativa que, a la vista del comportamiento de los delincuentes sexuales y a la incapacidad de los expertos para atajar este tipo de conductas, resulta fundamental: el cumplimiento total de las penas para quienes abusan sexualmente de menores.

 

El viernes pasado, Día mundial de protección infantil contra la pederastia y la pedofilia, un conjunto de organizaciones de todo el mundo lanzó una propuesta de endurecimiento de penas y de mayor atención gubernamental a estos crímenes horrendos. Una petición que merece el apoyo de todas las personas de bien. Esperemos que su mensaje sea oído y que las autoridades y las Fuerzas de Seguridad no se relajen. La pederastia es una grave lacra social ante la que no hay corrección política que valga.

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