Ante el estupor general, el Tribunal Supremo se ha visto obligado a anular la condena de 30 años de prisión que recaía sobre el miembro del GRAPO Marcos Martín Ponce. Su crimen: asesinar a sangre fría y por la espalda a un agente de seguridad ciudadana hace siete años y medio en Madrid. La Justicia española, que es un coladero por el que a estas alturas puede pasar cualquiera, encadenó tres negligencias seguidas que han permitido a este indeseable volver a la calle.
Nadie –ni la policía judicial, ni la Fiscalía, ni la Sección Penal Cuarta de la Audiencia Nacional– se preocupó lo más mínimo durante el proceso de dar con la testigo de cargo, cuyo testimonio era clave en la inculpación del imputado. El fallo se sostenía sobre el reconocimiento fotográfico de la testigo que, a pesar de ser testigo protegida, nunca pudo ser interrogada por la defensa del terrorista.
Frente a semejante disparate lo único que cabe preguntarse es cómo ha podido suceder algo así. ¿Podemos seguir confiando en el Estado de Derecho? ¿Quién satisfará a la víctima ahora que el presunto asesino está en la calle? Urge, sin más demoras ni parloteos de leguleyos, una reforma a fondo en la Justicia. Y urge hacerlo ya porque ¿cuántos fallos, cuántas negligencias más estaremos dispuestos a tolerar hasta que los tribunales terminen por convertirse en el reino del despropósito?
