El próximo 24 de enero se cumplirá un año de la desaparición de Marta del Castillo. Han pasado prácticamente doce meses desde que la joven sevillana saliera de casa a pasear con sus amigos y no regresara. Doce meses en los que los cuerpos y fuerzas de seguridad han sido incapaces de localizar el cadáver de la víctima confundidos por las burlas y manipulaciones de un grupo de adolescentes, entre asesinos y cooperadores confesos.
No es extraña, pues, la indignación de los padres de Marta ante la inoperancia de un Estado de Derecho que parece que sólo dispone de instrumentos para proteger a los criminales y para obstruir el justo derecho de resarcimiento de las víctimas. Una indignación que incluso han podido comunicar a los propios políticos y mandatarios públicos –el 24 de febrero se reunieron con Zapatero y el 4 de marzo con Rajoy–, quienes se han deshecho en consuelos y promesas, sin aportar ninguna solución tangible a un problema cada vez más intolerable. Por ello, tampoco extraña que ante la camuflada indiferencia de nuestros gobernantes, Miguel del Castillo y Eva Casanueva utilicen cualquier altavoz que les proporcionen los medios de comunicación para protestar y recordar a la sociedad que el suyo sigue siendo un caso pendiente de resolver que deberíamos sentir como nuestro.
"El caso de Marta se ha convertido en una vergüenza nacional", ha dejado escrito Miguel del Castillo en una carta publicada en el diario El Mundo. Vergüenza que se extiende a todas las instituciones en prácticamente todas las fases de la investigación. Ya de entrada tardaron casi tres semanas en detener a Miguel Carcaño, el confeso asesino de Marta, supuestamente por una avería en los equipos de extracción de ADN; error original sobre el que se construyó toda una red de versiones falsas y contradictorias en la que han quedado atrapados los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Nada más fue detenido, Carcaño confesó haber llevado a Marta a su casa donde, tras una discusión, la golpeó y asesinó con un cenicero; posteriormente, con ayuda de sus amigos Samuel y El Cuco, este último con 15 años de edad, se llevaron el cadáver para deshacerse de él mientras el hermanastro de Miguel se quedaba en casa limpiando la sangre.
A partir de ahí, sin embargo, la policía ha bailado al ritmo que marcaba Miguel Carcaño. Primero, aseguró que el cuerpo se encontraba en el Guadalquivir, declaración que el delegado del Gobierno en Sevilla, López Garzón, se creyó a pies juntillas: "con un 99,9%, está en el río". Tras un mes en el que se desplegó un dispositivo policial tan impresionante como inútil –tan destinado a aparentar ante la opinión pública que se estaban movilizando "todos los recursos del Gobierno" como tan poco preocupado por lograr resultados– Carcaño decidió modificar su versión para señalar que el cadáver se arrojó a un contenedor y que, tras violarla, no fue él sino El Cuco quien asesinó a Marta. Pero medio año más tarde, en septiembre, Carcaño volvió a cambiar su relato de los hechos para negar siquiera que la hubiese violado y que el cuerpo, en realidad, lo ocultó en una zanja cerca de la casa de Marta.
A día de hoy, casi un año después, los especialistas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han sido incapaces de extraer la más mínima información veraz de Carcaño, quien parece que más bien ha estado jugando al despiste con ellas. De los cinco detenidos originalmente, sólo Carcaño permanece en prisión a la espera de que lo juzgue un jurado popular.
Pese a todas las mutaciones que a lo largo de siglos han operado en torno al derecho penal, no habría que olvidar que una justicia que se administra olvidándose del resarcimiento, aun cuando sea muy limitado, de las víctimas se convierte en una inoperante justicia funcionarizada que fracasa en su cometido de perseguir a los delincuentes y hacerles pagar por sus crímenes. A la terrible falta de medios materiales que padecen nuestros tribunales y cuerpos policiales, en la España actual se les une un peligroso desinterés político por castigar a los criminales.
Un año después, los padres de Marta siguen esperando justicia.