Parece que ocurrió hace mil años, pero no hace tanto de que Sánchez llegó al poder a lomos de una moción de censura –y de la mano de separatistas y bildutarras– prometiendo entre otras cosas austeridad, la máxima transparencia y un Gobierno que no sólo no albergaría ningún caso de corrupción sino que sería completamente irreprochable desde el punto de vista de las formas.
El todavía presidente del Ejecutivo se comprometió a un nivel de ejemplaridad como si estuviese llegando a Moncloa un grupo de monjes budistas prestos a abandonar la rueda de las reencarnaciones y alejados de las tentaciones mundanas. Por desgracia lo que llegó fue una colección de socialistas y arribistas ávidos de poder, privilegios y lujo.
Lo que ha ocurrido desde entonces es de todos sabido: el Falcon; los palacios en los que Sánchez, familia y amigos pasan las vacaciones a cuerpo de sultán; el gasto completamente desmedido; los amigos colocados en una constelación de altos puestos de altísimos ingresos; y el Gobierno con más ministros y asesores de la historia. Todo mientras la sociedad española atravesaba las penurias sanitarias y económicas de la pandemia, mientras el IPC se disparaba y, ahora, con una crisis económica y energética brutal llamando insistentemente a nuestras puertas.
Para colmo, aquellos paladines de la transparencia cuando estaban en la oposición se han convertido en abanderados de la más absoluta opacidad nada más rozar la poltrona: el Gobierno no sólo colecciona asesores en cifras récord sino que, encima, se niega a facilitar la información que se le exige sobre el trabajo que desarrolla esa miríada de consultores, qué cualificación tiene para hacerlo y, sobre todo, cuánto cobra por ello.
El escrito que el Consejo de Transparencia ha mandado este miércoles al Ministerio de Presidencia es demoledor: entre severas críticas le da diez días para cumplir con un trámite que debería haber cumplido hace casi un año y le recuerda que el "acceso a la información pública" es "un derecho de rango constitucional".
Lamentablemente, a Sánchez y sus esbirros la Constitución les merece el desprecio absoluto que demostraron promulgando no uno sino dos estados de alarma inconstitucionales. Además, como cuentan con la carta blanca de un sistema mediático que les consiente todo –qué no dirían los ferreras y las pastores si le llegase a un Ejecutivo de PP y Vox una carta así del Consejo de Transparencia– puede seguir incumpliendo las obligaciones básicas de una administración democrática y manteniendo, con nuestro dinero, una inmensa estructura de poder en la que tienen cabida miles de amigotes en oscuras funciones y con sueldos de lujo. Así que no cabe ninguna duda de que, pese a los encomiables esfuerzos del órgano que vela por ello, ahí seguirán estos falsos paladines de la transparencia y esta auténtica inquisición de los impuestos: manteniendo un gigantesco Gobierno en negro.