No se trata de incurrir en ese extendido papanatismo, según el cual, las sentencias no pueden ser objeto de crítica en un Estado de derecho: las resoluciones judiciales, como toda obra humana, son susceptibles de ser criticadas según su mejor o peor fundamento y a todo ciudadano le asiste el derecho en democracia a valorarlas públicamente. Ahora bien, aceptando que lo único que obliga el Estado de derecho respecto de las sentencias es a su cumplimiento, la reacción del PSOE ante la sentencia del Tribunal Supremo, que confirma, entre otras, las condenas de seis años de cárcel para el expresidente socialista de la Junta de Andalucía Jose Antonio Griñán y nueve de inhabilitación para su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, que dictara la Audiencia Provincial de Sevilla, pone en evidencia no sólo la doble vara de los socialistas a la hora de medir la corrupción en función de las siglas políticas a las que pertenecen los implicados, sino hasta qué punto el partido que preside Pedro Sánchez carece del menor propósito de enmienda ante una trama de corrupción institucionalizada que la nueva portavoz del PSOE, Pilar Alegría, sigue empecinada en tratar como si de una pequeña corruptela a titulo individual de "cuatro golfos" se tratara.
No. El fraude de los EREs —el mayor caso de corrupción de Europa— constituyó toda una trama ilegal institucionalizada y autorizada por los presidentes de la Junta para disponer y otorgar a discreción más de 650 millones de euros, saltándose todos los controles y normas, para subvencionar y engrasar las redes clientelares del PSOE y evitar que los socialistas perdieran uno de sus feudos.
Que el PSOE, a día de hoy, siga saliendo en defensa de la "honestidad" de Chaves y Griñán, que afirme que los dos expresidentes "no se aprovecharon de nada" y que sólo hubo "unos individuos con conductas absolutamente reprochables de las que sólo ellos son responsables", pone en evidencia hasta qué punto Pilar Alegria desconoce —o finge desconocer— la naturaleza delictiva de lo que Chaves y Griñán hicieron —tanto como de lo que deliberadamente dejaron de hacer—, con absoluta independencia de que ellos no se lucraran a título personal de la monumental malversación de fondos públicos que estaban tanto ilegal como deliberadamente autorizando. ¿O acaso cree el PSOE que el desvío de fondos públicos deja de ser un delito de malversación de fondos si no llega al bolsillo particular de quien lo autoriza? ¿O acaso considera el PSOE que quien dicta una resolución arbitraria y a sabiendas de su injusticia en un asunto administrativo deja de cometer un delito de prevaricación si no se beneficia personalmente de ello?
A este respecto, y puestos a cuestionar la sentencia del Supremo, cuyos argumentos se darán a conocer en septiembre, cabría preguntarse por qué Chaves no ha sido también condenado por un delito de malversación si él era tan consciente como Griñán del riesgo de que los millonarios fondos fueran "objeto de disposición con fines ajenos al fin público al que estaban destinados", tal y como señalaba la sentencia de la Audiencia de Sevilla. Lo que no es de recibo es basar la inocencia de Chaves y de Griñan —tal y como ha hecho la portavoz del PSOE— por el hecho de que ellos no se lucraran del delito que cometían.
Así las cosas, lo que también deja en evidencia la bochornosa reacción del PSOE de Sanchez —tan indecente como el silencio de sus socios de gobierno podemitas— es el interés del Gobierno por asaltar la cúpula del Poder Judicial. ¿Cómo abrir la puerta a la independencia judicial en el sistema de elección del CGPJ si los socialistas pretenden que los Altos Tribunales sancionen como corrupción —o como inconstitucional— sólo lo que a ellos o a sus aliados separatistas de gobierno les interese?
Lo que es evidente es que, vista la reacción del PSOE de Pedro Sanchez a esta sentencia, los socialistas carecen de toda legitimidad para dar lecciones de ética y de lucha contra la corrupción al PP o a cualquier otro partido político. Y es que, ¿qué propósito de enmienda cabe esperar de un partido que, lejos de pedir perdón por lo que Chaves y Griñan hicieron, tiene la desfachatez de afirmar que aquello no fue constitutivo de delito? Lo único que cabe esperar es el indulto.