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EDITORIAL

Un ultimátum también para PP y PSOE

Si no hay cumplimiento voluntario del ultimátum del Tribunal Supremo, corresponderá al PSOE y al PP defender la división de poderes en nuestro país y garantizar los derechos de los catalanes, aun en contra de los deseos de CiU.

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El desacato de la Generalitat de Cataluña a las reiteradas resoluciones del Tribunal Supremo, inspiradas a su vez en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el encaje del Estatut en nuestro ordenamiento jurídico, pone de relieve dos graves deficiencias de nuestro Estado de Derecho.

La primera es que, al parecer, una parte de la administración pública –en concreto el Gobierno autonómico de Cataluña– parece estar exenta de cumplir las leyes y las sentencias de los tribunales. La Generalitat ha hecho caso omiso al mandato del Tribunal Supremo y nada se ha intentado para forzar su cumplimiento. No olvidemos que el sometiendo forzoso a las leyes no es ningún prejuicio reaccionario que limite la "libertad" o la "autonomía" de los incumplidores; al contrario, es una garantía de que la administración no violentará las libertades de los ciudadanos. Cada día que pasa sin que la Generalitat acate la sentencia del Supremo es un día más que ésta viola impunemente las libertades y los derechos de los catalanes.

El segundo es que ese exceso de celo de la Generalitat por incumplir las leyes tiene como propósito prolongar un proceso de imposición lingüística en el ámbito educativo. Es decir, los nacionalistas ni siquiera incumplen la ley para obtener un lucro personal directo, sino que lo hacen por motivos puramente colectivistas: utilizar a los ciudadanos catalanes como peones en la construcción de la Gran Cataluña. Tal es el fanatismo identitario de los nacionalistas –fanatismo que, como es obvio, impregna todas sus acciones de gobierno, no sólo las que afectan a la educación– que están dispuestos a rebelarse contra las órdenes del más alto tribunal de España con tal de no dar su brazo a torcer.

Si no hay cumplimiento voluntario del ultimátum del Tribunal Supremo, corresponderá al PSOE y al PP defender la división de poderes en nuestro país y garantizar los derechos de los catalanes, aun en contra de los deseos de CiU. En este caso, no caben componendas electorales ni medias tintas conciliadoras; lo que está en juego es demasiado importante, mucho más que un eventual apoyo parlamentario del nacionalismo catalán. 


 

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