El 5 a las 5 no sólo sirvió para mostrar la mejor parte de la sociedad civil española. Si bien es cierto que con su presencia decenas de miles de ciudadanos nos recordaron que seguimos siendo una nación que no está dispuesta rendirse frente a quienes la quieren destruir, las ausencias también permitieron poner nombres y apellidos a los personajes más serviles dentro de la clase política.
Al cabo, ningún socialista ni casi ningún popular quisieron acompañar a las víctimas en la denuncia del proceso de rendición que Zapatero y Rubalcaba están perpetrando ante la ETA. Porque, en última instancia, de lo que se trataba era de impedir la consumación de la traición a la Nación, al Estado de Derecho y a las víctimas que supondría que, tras casi mil asesinatos, la banda terrorista prevaleciera sobre la justicia.
Ayer, tras ignorar el rotundo éxito del sábado, PP y PSOE coincidieron en rechazar la posibilidad de que ASB, la marca blanca de Batasuna –es decir, de ETA–, concurriera a las elecciones municipales del próximo mes de mayo y "regresara" a las instituciones. Unas posiciones de firmeza que, como poco en el caso del PSOE y no sabemos si también en el del PP, se antojan mera representación de un tira y afloja destinado a ocultar a la opinión pública las auténticas componendas que tienen lugar detrás de los focos.
Pues no olvidemos que la ETA, por obra y gracia de un Gobierno que se niega a aplicar la Ley de Bases de Régimen Local, no ha abandonado en ningún momento las instituciones: sigue presente en numerosos consistorios vascos y navarros a través de la fachada de ANV. La denuncia y la oposición a cualquier atisbo de cesión por parte del Ejecutivo a la banda terrorista debieron haberse hecho el sábado en la calle junto a las víctimas y no un día después de despreciar la manifestación.
Todo ello en especial después de que el viernes el juez Ruz anunciara que no llamaría a declarar al secretario de Estado del Interior, Antonio Camacho; inaudita decisión que no sólo muestra nuevamente la escasa calidad de nuestra justicia, sino que además levanta lógicas sospechas de que el mismo Gobierno que jura no estar negociando con ETA –y al cual el PP cree a pies juntillas al menos hasta los comicios de mayo– intenta ocultar uno de los frutos más podridos del anterior proceso de rendición. Los políticos y ciudadanos realmente preocupados por que prevalezca la democracia sobre la ETA deberían haber acudido sin pensárselo a la manifestación del sábado tras la decisión de Ruz, como sí hicieron, por ejemplo, Esperanza Aguirre, Jaime Mayor Oreja, Carlos Iturgaiz y María San Gil.
Tras dar la espalda a las víctimas, simplemente no podemos tener la convicción de que nuestros representantes públicos, incluyendo a la actual dirección del PP, no van a anteponer el ventajismo político de rendirse ante la ETA y ante el nacionalismo a la prevalencia del Estado de Derecho. Porque, en el fondo, ya lo han hecho: su ausencia el 5 a las 5 los delata.