Que el Gobierno haya decidido por fin sacar del letargo a la imprescindible reforma laboral española es en sí mismo una buena noticia. Delegar su redacción a esos representantes sociales que a nadie representan salvo ellos sí mismos y a sus clientes fue una estratagema que le permitió durante tres años no tocar ni una coma del excesivamente rígido mercado laboral nacional con las funestas consecuencias que todos conocemos: cinco millones de parados y una tasa superior al 20%, más del doble de la media europea.
Ahora, por orden indeclinable de Bruselas, el Gobierno se ha puesto las pilas y aunque todavía continúa mareando la perdiz siempre que le resulta posible, parece decidido a aprobar una reforma laboral que toque los puntos clave de nuestro mercado de trabajo. La gran mayoría de analistas coincide en que tres son los males de que adolece nuestra regulación: alto coste del despido, dualidad entre fijos y temporales y negociación colectiva. De una forma u otra, la reforma presentada ayer por el Ejecutivo a sindicatos y patronal incide sobre estos tres defectos pero sin resolver claramente ninguno.
En cuanto al primero, el excesivo coste del despido de 45 días por año trabajado que actúa como una auténtica barrera de entrada para los desempleados, la fórmula que ha encontrado Zapatero, y que ya adelantó prácticamente en exclusiva Libertad Digital en febrero, ha sido la de admitir el despido objetivo individual por causas económicas. Hasta el momento, la mala situación de una empresa sólo justificaba que se pudieran despedir a un colectivo de trabajadores –los famosos ERE–; en otro caso, el empresario no podía acogerse a esta modalidad de rescisión contractual cuya indemnización es de 20 días por año trabajado. El problema es que, de momento, la propuesta de reforma no especifica qué debe entenderse por dificultades económicas, dejando su concreción al arbitrio de los jueces de lo laboral, muy acostumbrados a fallar, con razón o sin ella, en contra de la empresa. De no rellenarse esta laguna, tasando claramente cuáles son los supuestos objetivos en los que cabe hablar de dificultades, este cambio quedará muy probablemente en papel mojado.
El segundo problema de nuestro mercado laboral –la dualidad entre fijos y temporal– deriva en gran parte del anterior. Habida cuenta del alto coste del despido, los trabajadores que acumulan más antigüedad adquieren el derecho a cobrar una mayor indemnización en muchos casos inasumible para la empresa, de modo que, ante las primeras dificultades, a quienes siempre se despide son a los temporales –cuya indemnización era sustancialmente menor, de 8 días por año– aun cuando fueran mucho más productivos para la compañía. La reforma pretende atajar esa discriminación que se suele cebar con los más jóvenes encareciendo por un lado la indemnización de los temporales a 12 días por año y promoviendo por otro el uso generalizado del contrato de fomento del empleo, cuya indemnización es de 33 días por año. En estos últimos, además, se introduce una bonificación para la empresa: si el despido es objetivo por causas económicas, el FOGASA le subvencionará 8 de los 20 días por año que tiene que pagar en concepto de indemnización, con lo cual, y en la práctica, el coste del contrato temporal sería idéntico al indefinido por fomento del empleo.
Claro que esta reducción de la dualidad se logra a costa de, por un lado, volver más rígido una parte del mercado laboral dificultando la concertación de contratos temporales y de, por otro, cargarles a los contribuyentes los costes del despido que el Estado les impone a las empresas.
Por último, la reforma prevé introducir cláusulas en los nuevos convenios colectivos que permitan a las empresas en dificultades inaplicar las tablas salariales que éstos contienen. El problema está en que los convenios colectivos ya suscritos, es decir, todos los que hoy siguen vigentes, al no incorporar estas cláusulas sólo permitirán el descuelgue por acuerdo entre empresa y sindicatos o por mediación de un laudo arbitral. Es decir, la reforma conserva en su práctica totalidad los distorsionadores convenios colectivos; entre otras cosas responsables de que los salarios españoles estén alejados de nuestra productividad y, por tanto, de que el paro no deje de aumentar con escasa probabilidad de reducirse.
Así pues, la reforma laboral, cuyas líneas generales han sido redactadas en Bruselas, apunta a los problemas esenciales, pero no termina de darles una solución. De quedar tal y como hoy la ha presentado el Gobierno, podemos decir ya que su relevancia será casi marginal y que, por consiguiente y como no se cansa de repetir Corbacho, no contribuirá a crear empleo o favorecer la recuperación.
Cuestión distinta es que, tras este amago inicial, el Gobierno vuelva a modificar el próximo miércoles por orden de la UE las carencias del texto. Ya dijimos en el editorial de ayer que nada nos extrañaría menos que el documento que filtró el Ejecutivo –en dos distintas versiones– a los medios de comunicación el jueves fuera distinto al que presentara el viernes. Y en efecto así fue. Tampoco nos sorprendería repetir esto mismo el próximo miércoles. Lo dicho: en su elaboración, una chapuza laboral en toda regla; en su contenido, una incógnita que, pese a detectar los problemas, no los resuelve y que probablemente llega demasiado tarde para que los inversores recuperen la confianza en nuestra maltrecha economía.