Está visto que el Gobierno de Zapatero está tan acostumbrado a que el Fiscal General del Estado actúe al servicio del PSOE que hasta ve "normal" que sea un miembro del Ejecutivo socialista –y no el fiscal del caso o el propio Conde Pumpido–, el que informe que la Fiscalía va a recurrir el archivo de la causa contra el presidente popular de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps
Puede ser normal –y sólo hasta cierto punto– que los socialistas traten de explotar políticamente algo que, por lo demás, no ha quedado demostrado, como es que Camps faltó a la verdad al afirmar que él se pagó esos trajes. Lo que no debería ser normal en absoluto es que el PSOE, en su afán de judicializar y llevar este asunto al ámbito penal, arrastre consigo a una institución supuestamente independiente como es o debería ser la Fiscalía, y que ni siquiera se moleste en disimularlo.
Que De la Vega diga que la Fiscalía "no se deja utilizar por nadie" carece de la mínima credibilidad, visto el bochornoso historial tanto del Gobierno como del máximo responsable del Ministerio Público. En este sentido, cabe recordar –mucho más de lo que, por cierto, lo ha hecho Cospedal– la servil actuación de Conde-Pumpido durante todo el mal llamado "proceso de paz". Ahí está su bochornosa pasividad ante los batasunos del PCTV y ANV, que tan bien encajaba con la bochornosa declaración del entonces ministro Bermejo de que la ilegalización se llevaría a cabo "cuando la jugada lo aconseje". Ahí está su llamamiento a jueces y fiscales para que, en pro de la "paz", no tuvieran reparos en "ensuciar sus togas con el polvo del camino". Ahí está su afirmación de que "la Justicia no está para favorecer procesos políticos, pero tampoco está para obstaculizarlos". Ahí está la depuración de fiscales no gratos al Gobierno como Fungairiño o Torres Dulce. Ahí está su inolvidable ý condescendiente papel en el proceso de excarcelación de De Juana Chaos, o el bochornoso alineamiento de la fiscalía, en no pocos juicios durante la tregua, con las tesis de los abogados defensores de los etarras acusados. Todo muy "normal". Tan "normal" como le debió parecer al Gobierno y a la Fiscalía que dos militantes del PP fueran detenidos injustamente por el mero hecho de haber acudido a una manifestación en defensa de las víctimas de ETA, en la que el entonces ministro Bono dijo haber sido agredido.
Por otra parte, si De la Vega considera acorde a la "normalidad democrática" que sea ella quien informe de las actuaciones que la Fiscalía va a tomar en perjuicio del principal partido de la oposición, cabe recordar que el propio Fiscal General del Estado, hace escasos días, consideraba muy "normal" y acorde con la "libertad de expresión" unas filtraciones, que –se supone– no dejan de estar tipificadas como delito de revelación del secreto de sumario por el hecho de ser perjudiciales para cargos del PP.
Eso, por no recordar finalmente la pasividad, la lentitud o el escaso alcance de la fiscalía en los numerosos casos de corrupción que salpican a cargos del PSOE, como el que publicaba este mismo miércoles el diario El Mundo.
Esperemos que la Fiscalía también vierta sus energías a este caso en el que el alcalde socialista de Seseña presuntamente recibió, no unos trajes, sino 700.000 euros de un mafioso procesado por sobornos en el caso Malaya; que le dedique al menos las mismas energías que ha dedicado para alargar –puede ser que hasta un año más– la infundada sospecha de que Camps es un corrupto que merece sanción penal. ¿O es que –parafraseando a Bermejo– "no lo aconseja la jugada"?