Durante los últimos años, conforme el desempleo aumentaba desde los dos millones de parados hasta los cinco actuales, los sindicatos no han perdido ocasión para mostrar su cariño hacia el Gobierno socialista responsable de esa sangría. Quienes no tuvieron reparos en convocarle una huelga general a Aznar en tiempos de bonanza económica simplemente porque pretendía mejorar de manera muy tímida el mercado laboral, caen rendidos a los pies de Zapatero. Un doble rasero que sólo han podido justificar, más allá de por razones puramente crematísticas, apelando a la llamada "cohesión social": el país se desmoronaba, pero al menos el PSOE era lo bastante sensible como para que los más débiles no sufrieran sus efectos.
Por supuesto no se les ocurrió a los sindicatos –o, si se les ocurrió, las millonarias subvenciones que recibían tuvieron un inmediato efecto amnésico– que la mejor cohesión y política social de la que puede disfrutar una comunidad es que el Gobierno no obstaculice que los ciudadanos se ganen la vida, ya sea buscando y encontrando un puesto de trabajo o construyéndose un patrimonio del que ir extrayendo rentas.
Se trataba, sin duda, de un argumento retorcido que sólo podía convencer a la izquierda más radical y a la derecha más ingenua, pero que por desgracia seguía valiéndoles a demasiados. Sin embargo, tras el recorte del gasto practicado por Zapatero este miércoles, semejante justificación dejaba de ser de utilidad. De ahí que los sindicatos hayan tratado de aparentar una escalada en sus críticas al Gobierno, promoviendo incluso una huelga de funcionarios para el próximo día 2 de junio. Nada que ver, no obstante, con las protestas y disturbios (de huelga general para arriba) que habría padecido un Gobierno moderadamente liberal en caso de haber aplicado rebajas como las de Zapatero.
Y no es que estemos reclamando represalias sindicales en esa línea, sino que tan sólo constatamos algo que ya debería resultar evidente a todo el mundo: los sindicatos, lejos de defender a los trabajadores, sólo se preocupan por conservar sus prebendas aupando y manteniendo en el poder a partidos políticos cuyo reclamo electoral pasa precisamente por espolear las mismas consignas obreristas de las que beben esos sindicatos. Una relación de sinergia de la que suelen salir perjudicados, al final, el conjunto de los trabajadores.
En este caso, la huelga parcial de los funcionarios es una muestra más de cómo la propaganda cortoplacista y frentista que emplean las centrales sindicales puede terminar causando importantes daños al conjunto de los españoles. No negaremos que la gravedad de la situación actual sea en su mayor parte responsabilidad directa de Zapatero, o que al mismo tiempo que insta a otros ciudadanos a apretarse el cinturón, mantiene gastos cuya única utilidad es reconfortar sus dogmas progres. Pero tampoco podemos olvidar que España necesita de un fuerte ajuste colectivo del que debemos responsabilizarnos todos. Cinco millones de personas ya lo han hecho perdiendo su empleo y no pudiendo volverlo a encontrar por los bloqueos sindicales a la reforma laboral. Los empleados públicos no deberían ser una excepción a ese correctivo colectivo por mucho que su salario lo fije el Estado al margen de las condiciones del mercado; no en vano, sus retribuciones aumentaron un 3% en 2009 aun cuando el año vino marcado por una ligera deflación.
Lo anterior adquiere particular importancia en el caso de los funcionarios, cuyo empleo está garantizado incluso en coyunturas tan adversas como la actual. Esa seguridad es una retribución no monetaria que perciben estos trabajadores y de la que no deberían olvidarse cuando protestan por ganar menos que en puestos equivalentes en el sector privado. El sacrificio que les ha impuesto Zapatero no es tan sustancial como para que amenacen al resto de la sociedad con ir a una huelga y, de hecho, es bastante posible que en el futuro sea necesario algún recorte adicional si es que el PSOE no adopta ahora mismo muchas otras medidas de contención del gasto.
Lo último que necesita este país es que la crisis económica degenere en una crisis social. Claro que el Gobierno que ha amplificado la debacle económica y ha empleado la crispación social para alcanzar el poder no es el más legitimado para pedir prudencia a nadie. Ese sí que sería un buen motivo por el que empleados públicos y los sindicatos podrían protestar y con toda la razón del mundo. El problema es que los primeros parecen no comprender la gravedad de la situación actual y los segundos prefieren ver quebrar al país antes de renunciar a su muy cómodo y subvencionado estilo de vida.