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EDITORIAL

Garzón, antes huido que suspendido

No dejaría de ser paradójico que el CGPJ hiciera innecesaria la suspensión de Garzón satisfaciendo sus pretensiones de convertirse en La Haya en justiciero de todo tiempo y lugar, pretensiones que aquí le ha llevado, presuntamente, a prevaricar.

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Desde que el magistrado del Tribunal Supremo, Luciano Varela, emitió el auto en el que rechazaba archivar la querella contra Garzón al considerar que sí existían indicios claros de que el magistrado de la Audiencia Nacional podía haber perpetrado un delito de prevaricación en su pretensión de enjuiciar penalmente al franquismo, la primera decisión referida al "juez estrella" que tendrían que haber adoptado los miembros del CGPJ debía ser, siguiendo los artículos 383 y 384 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la de dictar su suspensión cautelar. Garzón aspira, sin embargo, a que los miembros del CGPJ atiendan antes una solicitud que ayer mismo les notificaba como es la de concederle un permiso de servicios especiales por siete meses –en principio, prorrogables– para irse como asesor externo a la Corte Penal Internacional de La Haya.

Es evidente que la concesión por parte del CGPJ de este permiso a Garzón tendría, durante el tiempo que dure dicho permiso, los mismos efectos prácticos que persigue la suspensión cautelar de jueces y magistrados que recoge la LOPJ, que no es otra que la de apartarlos de su función jurisdiccional durante el tiempo que dure su enjuiciamiento. No es menos cierto, sin embargo, que si el CGPJ se pronunciara antes sobre la suspensión cautelar de Garzón, tampoco nada impediría a este marchar a La Haya y contribuir con su presencia al ya de por sí desacreditado prestigio del Tribunal Penal Internacional.

Naturalmente, lo que pretende Garzón es irse antes de que le echen. La concesión de este permiso en nada alteraría su situación procesal en las tres causas penales que tiene pendientes ante el Alto Tribunal por los casos del franquismo, de las escuchas a los imputados de Gürtel y los cobros por los cursos en Nueva York. Lo único que lograría el juez estrella es sustituir el estigma de juez suspendido por su imputación en un delito de prevaricación, por el de un juez que solicita una baja voluntaria para ejercer de experto en un Tribunal Internacional.

Dice el refrán que a "enemigo que huye, puente de plata"; sin embargo, no dejaría de ser paradójico que el CGPJ hiciera innecesaria la suspensión de Garzón satisfaciendo sus pretensiones de convertirse en La Haya en justiciero de todo tiempo y lugar, pretensiones que le han llevado en España a perpetrar, presuntamente, un delito de prevaricación. Con todo, lo decisivo, a nuestro entender, es que un juez que ha llevado una actuación tan escandalosa abandone de una vez la carrera judicial, aunque lo haga a través de una puerta supuestamente más honrosa que la que debería atravesar. Lo importante, también, es que Garzón, por mucho que logre retrasar la suspensión, no conseguirá retrasar su paso por el banquillo, aunque tenga que acudir –eso sí– desde La Haya o desde algún país africano donde la Corte Internacional tiene causas pendientes.

De hecho, el verdadero perjudicado de esta operación, en caso de que el CGPJ le de su visto bueno, va a ser el ya de por sí menguado prestigio de esa Corte Internacional. No contento este Tribunal con depender en la práctica de Estados cuyos dirigentes violan a diario los derechos humanos, ahora contrata como experto a quien está imputado por delitos de prevaricación y cohecho.


 

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