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EDITORIAL

Una Justicia empeñada en cerrar en falso el 11-M

La Audiencia de Madrid cierra una investigación que estaba muy cerca de aclarar los extremos más importantes de un caso que, eventualmente, habría obligado a la Justicia a revisar de arriba abajo todo lo investigado y juzgado hasta la fecha sobre el 11-M

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El archivo de la investigación penal que estaba siendo llevada a cabo por la titular del juzgado 43, decretado este viernes por la Audiencia de Madrid, es además de un mazazo a las víctimas de los atentados del 11-M que exigen conocer toda la verdad de lo que ocurrió en ese fatídico día de marzo, una afrenta a la lógica por lo extemporáneo de su consumación y lo dudoso de los argumentos empleados.

La Audiencia de Madrid sostiene que el caso seguido contra el jefe de los Tedax, Sánchez Manzano, y una de sus subordinadas, ya era cosa juzgada al haber sido desestimada una demanda anterior en el mismo sentido presentada por un peculiar partido político en otra instancia judicial. Sin embargo, como acertadamente sostiene el fiscal actuante en la instrucción de la jueza Coro Cillán para oponerse al archivo, esa otra demanda, que ha servido para cancelar una investigación prometedora, pedía investigar únicamente la prueba pericial que se llevó a cabo para determinar la composición de los explosivos que estallaron en los trenes. En cambio, la instrucción de la demanda interpuesta por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, a la que más tarde se adhirió la Asociación de Víctimas del Terrorismo, va mucho más allá tanto en el objetivo de la investigación como en la exigencia de las responsabilidades oportunas al principal imputado, el comisario Sánchez Manzano.

En efecto, las pesquisas del juzgado número 43 iban dirigidas a determinar la responsabilidad del jefe de los Tedax en cuestiones que trascienden la propia pericia de los explosivos. Hasta el momento de decretarse el archivo de la causa, la titular del juzgado 43 había obtenido ya sólidos indicios de la posible comisión de graves delitos como la destrucción intencionada de pruebas vitales para esclarecer los atentados, la falsificación de otros elementos probatorios como la famosa mochila de Vallecas o la aportación de un evidente falso testimonio ante el tribunal que juzgo los atentados del 11-M. 

Bien habría podido la Audiencia de Madrid ordenar la cancelación de las averiguaciones en lo referido a la naturaleza de los explosivos utilizados en la masacre, único objeto de la demanda presentada por Alternativa Española. Sin embargo esta circunstancia tangencial, que en nada afecta al resto de solidísimas acusaciones que en la actualidad pesan sobre Sánchez Manzano, ha sido utilizada por ese órgano superior para cerrar una investigación que, gracias al impulso de las víctimas de los atentados y al tesón de una jueza, estaba muy cerca de aclarar los extremos más importantes de un caso que, eventualmente, habría obligado a la Justicia a revisar de arriba abajo todo lo investigado y juzgado hasta la fecha sobre el mayor atentado ocurrido jamás en suelo europeo.

Sin embargo aún queda una posibilidad para que este carpetazo no tenga carácter definitivo. De sustanciarse el oportuno recurso, será el Tribunal Supremo el que deba decidir si la investigación de un caso que arroja tantas sombras de duda debe proseguir su camino judicial. En caso contrario, pasará a los anales de la judicatura como el caso en que a las víctimas directas de la mayor masacre de nuestra historia se les impidió oficialmente conocer la verdad sobre lo ocurrido.

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