El Gobierno socialcomunista ha puesto de acuerdo a todos los cuerpos policiales, que ayer manifestaron su oposición frontal a la nueva ley de Seguridad Ciudadana que preparan PSOE y Podemos con el apoyo de sus socios separatistas y proetarras. Decenas de miles de personas, en su mayoría agentes de las distintas policías (locales, autonómicas y nacional) y de la Guardia Civil salieron a la calle en Madrid para protestar contra una norma destinada a proteger a los violentos y a dificultar la labor de los agentes que tienen que velar por la seguridad de todos.
La radicalización del sanchismo y su obediencia debida a podemitas, separatistas y batasunos, gracias a los cuales mantiene el poder, ha desembocado en una reforma legal que parece redactada por grupos antisistema, no en vano los partidos que apoyan al Gobierno han hecho de la lucha callejera y el incendio de las calles su principal estrategia política.
La vergonzosa deriva antisistema del Gobierno se ha traducido en los últimos días en una catarata de reproches y acusaciones a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los que se identifica absurdamente como elementos ultraderechistas empeñados en desgastar al Ejecutivo. Resulta inaudito que el propio Gobierno tache de fascistas a los policías encargados de velar por la seguridad ciudadana y el ejercicio pacífico de los derechos constitucionales, pero eso es lo que ha hecho el Ejecutivo socialcomunista y los socios en los que se apoya.
Sánchez, que presume de buscar siempre el diálogo constructivo, ha evitado en todo momento consultar con los mandos policiales y los sindicatos profesionales mayoritarios los aspectos más polémicos de una ley que solo satisface a los ultraizquierdistas y sus organizaciones pantalla. Nuestros policías tienen razón al protestar por una reforma que prohibirá el uso de equipos antidisturbios, permitirá todo tipo de manifestaciones sin necesidad de comunicación oficial o pondrá en relación de equidad el testimonio de los delincuentes callejeros y los atestados de los agentes del orden.
Pero no se trata solamente de que los agentes de la autoridad se verían desprotegidos en su labor cotidiana si esa reforma ve finalmente la luz en el parlamento. Son los derechos de todos los ciudadanos los que se verán socavados gratuitamente y la seguridad de nuestras calles, las dos principales obligaciones de cualquier Gobierno y razón de su legitimidad para ejercer el poder.