Si mayo y noviembre fueron meses tremendamente complicados para los mercados de deuda como consecuencia del riesgo de suspensión de pagos de Grecia e Irlanda, esta semana las incertidumbres han girado en torno a la solvencia de Portugal y de España. A diferencia de Grecia –que padecía un volumen de deuda pública impagable– y de Irlanda –que soportaba una deuda privada bancaria diez veces superior a su PIB–, el problema de España y Portugal es cómo hacer frente a un volumen de endeudamiento considerable con una economía absolutamente estancada.
El caso de España es paradigmático: sin creación de empleo el crecimiento se vuelve una misión casi imposible y sin crecimiento ni creación de empleo tanto la deuda pública como la privada (sobre todo la bancaria) corren un alto riesgo de ser impagadas. Desde 2007 urgían reformas estructurales que permitieran a nuestro sistema productivo seguir generando riqueza; a saber, reducir el gasto público a niveles de 2002, liberalizar el mercado energético para lograr una provisión más barata de electricidad, recapitalizar las cajas de ahorros, actualizar a la baja las condiciones de jubilación que hacen sostenible a medio plazo nuestro ineficiente sistema de pensiones y, sobre todo, flexibilizar un mercado de trabajo tan arcaico que a poco que se ralentice la economía destruye millones de empleos.
Nada de esto se hizo y el resultado no puede ser más elocuente: hemos duplicado nuestra deuda pública en apenas dos años, la situación de nuestro sistema financiero se ha deteriorado hasta niveles impensables y la cifra de parados ha alcanzado los 4,5 millones. Con este cuadro, a nadie debería extrañarle que los mercados –por mucho que se los quiera caracterizar con cuernos y rabo– apuesten en manada por nuestro desmoronamiento. Es cierto que al Gobierno ya se le agotó hace meses el tiempo y el crédito para modificar nada en un intento de enderezar la situación, pero, aun así, cada día que pasa sin implementar todas las reformas anteriores, nuestro futuro sólo hace que volverse más negro.
De ahí que resulte incomprensible, salvo que asumamos la hipótesis de que Zapatero y los suyos están trabajando denodadamente para provocar la quiebra de España, que ahora el PSOE reduzca a la nada la mini-reforma laboral que sacó adelante hace medio año. Visto está, pues, que a los sindicatos sigue resultándoles altamente rentable realizar huelgas generales con nulo seguimiento salvo por parte de aquellos a quienes con violencia se les impidió acudir al trabajo. Después de la vergonzosa marcha atrás del PP en 2002, el PSOE vuelve a ceder ante el chantaje, pero esta vez en una situación mucho más crítica que la de entonces.
Nuestras relaciones laborales seguirán en manos de la misma autocracia sindical y judicial que ha destruido más de dos millones de empleos desde 2008. Poca resistencia ha mostrado el PSOE a enterrar los pocos y parcos avances que en esta materia introdujo en julio; con la tramitación del reglamento, ni siquiera las pérdidas empresariales permitirán que las compañías se acojan a la figura de despido objetivo para tratar de sobrevivir reduciendo sus costes. Y es que no olvidemos que, por mucha demagogia izquierdista que se emplee, el despido de parte de la plantilla es la única forma que tienen muchas empresas en dificultades para tratar de sobrevivir y evitar el despido de todo el resto de trabajadores. Encarecer esa fórmula, especialmente para las compañías de menor tamaño, sólo agravará aun más la situación: nunca deberíamos olvidar que las barreras para salir del mercado también constituyen infranqueables barreras para entrar en él.
Ésa es la "política social" del PSOE: sostenella y no enmendalla. Resulta preferible congraciarse con las subvencionadas huestes sindicales a permitir que cuatro millones de personas salgan del desempleo y a tratar de evitar una bancarrota nacional.