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EDITORIAL

Una tregua para salvar a Zapatero y liquidar el Estado de Derecho

Nunca antes el Gobierno encargado de combatir a ETA se había encontrado en una posición de debilidad tal que creyera que sus únicas opciones de supervivencia pasaban por arrojarse a los brazos de la banda terrorista.

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Como ya viene siendo tradición en nuestra democracia, ETA ha vuelto a declarar una tregua-trampa al estar atravesando unos momentos de extrema debilidad en los que necesita tomar oxígeno y reorganizarse. No debería de extrañar a nadie, pues para nuestra desgracia hemos podido aprender durante más de medio siglo cómo combatir eficazmente a ETA y qué respuesta dar a sus taimadas propuestas de negociación: seguir persiguiéndola sin cuartel justo ahora cuando nos está indicando que se encuentra asfixiada.

Sin embargo, en el caso de la actual tregua-trampa existe una novedad frente a las anteriores que puede marcar de manera negativa su desarrollo: nunca antes el Gobierno encargado de combatir a ETA se había encontrado en una posición de debilidad tal que creyera que sus únicas opciones de supervivencia pasaban por arrojarse a los brazos de la banda terrorista. No es que en el anterior "proceso de paz" Zapatero no estuviera dispuesto a llegar hasta el final para demostrar que la solución policial preconizada por Aznar –la única válida y eficaz, la de la supremacía del Estado de Derecho– era errónea y que el "conflicto vasco" debía resolverse vía negociación (entiéndase cesión); pero, aún así, el futuro político de Zapatero no dependía de que ETA dejara las armas. En aquel momento se trataba de un capricho del presidente –y por eso fue posible que la rebelión cívica lo abortara–, ahora, en cambio, se ha convertido en una necesidad existencial.

La apuesta del Gobierno es arriesgada, pero sabe que no tiene nada que perder y piensa que sí tiene algo que ganar: si es capaz de presentar ante los españoles un principio de acuerdo de paz con ETA, tal vez los ciudadanos olviden su desastrosa gestión económica y le premien en las urnas.

Las exigencias de los terroristas no han variado ni un ápice desde su creación: de entrada, cese de las operaciones policiales contra la banda, nuevos beneficios penitenciarios para sus presos y sobre todo el regreso de su entramado político a las instituciones públicas; y una vez asegurada su supervivencia organizativa y económica, la independencia de facto del País Vasco con la anexión de Navarra. Las mismas razones por las que hemos rechazado siempre cada uno de estos puntos nos sirven para seguir rechazándolos a día de hoy.

Su aceptación no sólo sería una rendición de la democracia ante el terrorismo, sino todo un insulto a sus víctimas, que ya temen con razón que al final su impagable sacrificio en defensa de nuestro Estado de Derecho resulte inútil; inútil porque Zapatero está dispuesto a servirles la Nación en bandeja de plata a los terroristas con tal de mantenerse en el poder al frente de lo que quede de España en 2012.

ETA sabe que Zapatero es preso de su pliego de condiciones y por eso ni siquiera han intentado aparentar en su comunicado que tengan la más mínima predisposición a facilitar su desaparición: declaran el alto el fuego de las "acciones armadas ofensivas", cuando la propia ETA siempre ha justificado los atentados, dentro de su delirante jerga, como acciones defensivas frente a la opresión del Estado español.

Ni siquiera intentan aparentar buena voluntad porque son conscientes de que no tienen ninguna necesidad de hacerlo. La banda se encuentra débil, pero el Gobierno lo está mucho más. De hecho, a estas alturas es muy posible que los acuerdos con el Ejecutivo ya estén más que cocinados, pues la propia ETA reconoce en su comunicado que tomó la decisión de declarar la tregua-trampa hace meses, justo cuando Mayor Oreja denunció, entre ignominiosos insultos del PSOE e intestino desdén del PP, que el "diálogo" se habían reanudado.

De ser esto cierto, ahora sólo restaría vender con éxito a la opinión pública el resultado de este soterrado proceso de negociación; una empresa que, por desgracia, le puede resultar al PSOE más fácil de lograr que en 2006, pues desde entonces el Gobierno ha logrado desactivar la oposición de las asociaciones de víctimas del terrorismo, la de los principales medios de comunicación e incluso la del Partido Popular de Rajoy.

Zapatero está desesperado por cerrar, aunque sea en falso, esta ronda de negociaciones y para ello contará con la colaboración activa de la parte más servil de la sociedad española. Nosotros, como no podría ser de otro modo, nos mantendremos firmes donde siempre hemos estado: defendiendo el Estado de Derecho, la Constitución, la libertad y la dignidad de las víctimas del terrorismo. Si ellos siguen repitiendo sus mentiras, nosotros continuaremos informando sobre la verdad.


 

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