España registró un déficit público del 10,6% del PIB en 2012, el más alto de la UE y algo inferior al récord del 11,2% registrado en 2009, según los datos oficiales publicados por Eurostat. Una parte sustancial de dicho desajuste (3,6 puntos del PIB) se debe al fuerte impacto que ha tenido el rescate público de las cajas de ahorros sobre las finanzas españolas. Una vez descontadas estas ayudas, el déficit ronda el 7%, casi dos puntos menos que en 2011. Asimismo, la deuda se disparó en casi 150.000 millones de euros, hasta situarse en el 84,2% del PIB.
Con estas cuentas es evidente que España está aún muy lejos de alcanzar el deseado equilibrio presupuestario. Es cierto que el rescate financiero solicitado a la UE para salvar entidades financieras en problemas acrecentó la brecha fiscal, pero, una vez excluidas dichas ayudas, Rajoy tampoco ha logrado cumplir con el objetivo de déficit del 6,3% fijado por Bruselas, tal y como prometió. El Ejecutivo se escuda en el fuerte impacto que ha tenido la recesión, pero sus previsiones presupuestarias ya contemplaban tal escenario, con lo que tal excusa carece de validez. El problema de fondo radica en la errónea y contraproducente política fiscal llevada a cabo hasta el momento, centrada en subir impuestos para elevar la recaudación a costa de vaciar el ya muy castigado bolsillo de empresas y familias. Esta particular estrategia no ha funcionado, ya que la recaudación fiscal apenas creció un 0,6% interanual en 2012 (2.300 millones).
El persistente déficit no deriva de la lógica caída de los ingresos tributarios, sino del mantenimiento de un gasto público totalmente desproporcionado y financieramente insostenible, ya que se venía sustentando sobre el artificio de la burbuja inmobiliaria. España necesita austeridad, es decir, equilibrar sus balances para amortizar sus abultadas deudas, y ahorrar con el fin de volver a invertir para poder crecer. Esta esencial tarea, la de apretarse el cinturón, está siendo llevada a cabo por el sector privado, tal y como refleja la eliminación del histórico déficit exterior que presentaba España desde la entrada en el euro. Sin embargo, este ajuste todavía no se ha materializado en el sector público.
Ahora, el Ejecutivo del PP, lejos de apostar firmemente por un drástico recorte del gasto público, se afana en conseguir un nuevo respiro por parte de la UE para suavizar el ritmo de ajustes previsto para este ejercicio, elevando una vez más el objetivo de déficit desde el 4,5% vigente hasta un nivel próximo al 6%. Ésta no es la solución. La relajación de los ajustes tan sólo servirá para retrasar la recuperación económica. Por el contrario, el Gobierno debería aplicar un plan sólido y creíble para reducir cuanto antes el abultado déficit, pero exclusivamente por la vía del gasto, sin necesidad de subir impuestos. Al sector público aún le sobra mucha grasa, y su reducción es clave para fortalecer la credibilidad de España ante los inversores.