El Gobierno socialcomunista utiliza perversamente el poder judicial para impedir cualquier investigación que afecte a sus socios o a los miembros el Ejecutivo. La orden a la abogacía del Estado de rebajar la petición de penas por el golpe separatista del 1-0 o la negativa de los fiscales a investigar la responsabilidad del Gobierno de Sánchez e Iglesias en las decenas de miles de muertes ocurridas por su nefasta gestión de la pandemia son dos ejemplos bien notorios de esta politización obscena de la Justicia.
Pero el ejemplo más reciente de este abuso permanente del poder Ejecutivo en el ámbito judicial lo tenemos en el archivo por el Tribunal Supremo de la causa abierta contra el ministro de Transportes por permitir la entrada en España de la número 2 del régimen venezolano, perseguida por la Justicia internacional por su responsabilidad en los asesinatos y torturas de opositores venezolanos y sus vínculos con el narcotráfico.
Lo más asombroso de esta decisión del Supremo es que corrige al juzgado de Instrucción que desestimó la querella en primera instancia, asegurando que Delcy Rodríguez sí entró en territorio español desde el momento en que su avión sobrevoló nuestro espacio aéreo. Pero a continuación de esta severa corrección al titular del juzgado de Instrucción nº 31 de Madrid, que desestimó la querella contra Ábalos al entender que la zona de tránsito de un aeropuerto español no es territorio nacional, los magistrados del Supremo vuelven a cerrar el caso con otra afirmación aún más peregrina que la inicial del juez instructor, asegurando que el ministro de Sánchez adoptó una decisión meramente política, por lo que no cabe atribuirle ninguna responsabilidad penal.
Así pues, para el Tribunal Supremo, que el Gobierno no solo no ordene la detención inmediata de una persona que tiene prohibido pisar suelo de la UE, sino que envíe a un ministro a agasajarla reuniéndose con ella en territorio español, no tiene relevancia penal y solo puede ser objeto de reproche político. Como ejemplo de la politización del alto tribunal, el ejemplo del Delcygate no puede ser más descriptivo.
En todo caso, la Justicia ha dejado sentado que Ábalos mintió en cada una de las once versiones distintas que ofreció del siniestro episodio de su visita a la esbirra madurista en una sala VIP del aeropuerto de Madrid. Con el trato benévolo que sus acciones acaban teniendo por parte de los tribunales, no es de extrañar que el Gobierno se haya acostumbrado a mentir a los españoles con tanta naturalidad.