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EDITORIAL

Violencia doméstica e incompetencia gubernamental

"Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces": eso dice el refrán, y eso mismo se le podría aplicar a los propagandísticos desvelos del Gobierno de Zapatero por atajar la violencia doméstica frente a su rotundo y clamoroso fracaso en este terreno.

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"Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces": eso dice el refranero español, y eso mismo se le podría aplicar a los propagandísticos desvelos del Gobierno de Zapatero por atajar la violencia doméstica frente a su rotundo y clamoroso fracaso en este terreno.

Por puro afán propagandístico, Zapatero impulsó nada más llegar al poder la demagógica Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género, que establece penas distintas en función de si la violencia la perpetra un varón o una mujer. Además de cercenar con ello un principio constitucional como la igualdad ante la ley, esta normativa discriminatoria carecía de suficientes medidas protectoras y de la financiación necesaria, al tiempo que ignoraba normas que ofrecían un claro riesgo de solapamiento e interferencias entre administraciones. Así se lo advirtieron claramente al Gobierno órganos consultivos como el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y el Consejo Económico y Social. Pero el Gobierno hizo caso omiso de todo ello, con el condesciende respaldo de la oposición.

Otro tanto se podría decir del recientemente suprimido Ministerio de Igualdad, que no ha servido más que para dilapidar ingentes cantidades del dinero del contribuyente. Esta ya de por sí costosa burocracia no ha hecho otra cosa que subvencionar delirantes "estudios" sobre la mujer y el feminismo, del que se han aprovechado organizaciones afines al PSOE, al tiempo que solapaba o incluso sustituía la acción de la Justicia con "cursillos de igualdad" en sustitución del cumplimiento de la pena de reclusión a los maltratadores.

Paralelamente, el Gobierno ha escatimado medios a quienes deberían ser los principales encargados de velar por la integridad de los ciudadanos, como son los tribunales de Justicia y la policía.

El resultado de todo ello ha sido el espectacular incremento que, desde 2004 y año tras año, ha experimentado el número de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas en nuestro país. En este sentido, la última víctima mortal de la mal llamada "violencia de género", asesinada este martes en Málaga a manos de su ex pareja, no por paradigmática deja de ser un episodio más en esta sangrienta crónica de un fracaso anunciado: una comisión del antiguo Ministerio de Igualdad y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) denegó en agosto a la víctima el servicio de teleasistencia móvil para víctimas de violencia de género. Pero lo más grave de todo es que su ex pareja y presunto asesino tenía ya una sentencia condenatoria por dos delitos de amenazas en el ámbito familiar y por un delito de maltrato simple. Su pena a dos años de prisión fue suspendida, condicionada al cumplimiento de cursillos "en materia de igualdad".

Al rifirrafe entre las distintas administraciones a la hora de echarse la culpa por la denegación de la ayuda que requirió la víctima, se suma la denuncia efectuada por policías destinados a unidades de prevención, asistencia y protección a las víctimas de malos tratos, que aseguran carecer de medios básicos para llevar a cabo su tarea, como vehículos u ordenadores.

"Algo ha fallado", ha tenido que reconocer Rubalcaba. Y tanto que sí: han fallado las demagógicas presunciones con las que este Gobierno no ha hecho otra cosa que encubrir sus carencias a la hora de combatir esta lacra social.


 

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