Pocos procesos electorales se han desarrollado en un clima de tanta violencia y fuertes sospechas de irregularidades como las elecciones al parlamento de Cataluña que tendrán lugar el próximo día 14.
La violencia callejera contra VOX sigue desatada sin que las autoridades catalanas pongan coto a las hordas de independentistas que agreden a altos cargos y simpatizantes de la formación de Santiago Abascal. El propio líder conservador fue acosado y agredido cuando trataba de intervenir en un acto de su partido celebrado ayer en la localidad gerundense de Salt gracias, sobre todo, al ridículo dispositivo de seguridad desplegado por la policía nacionalista, una situación insólita que jamás se habría producido si las piedras y los golpes fueran contra los candidatos de otros partidos.
También el secretario general de la formación conservadora y el candidato a la Generalidad sufrieron en sus carnes este pasado fin de semana las agresiones y el acoso violento de centenares de separatistas, que actuaron con plena tranquilidad aprovechándose del escaso despliegue de agentes diseñado intencionadamente por las autoridades nacionalistas y su policía política.
La situación de permanente violencia callejera contra un partido político, propiciada por el Gobierno regional nacionalista, es una anormalidad democrática que cuestiona muy seriamente la limpieza de un proceso electoral. Todos los partidos deben concurrir a la cita con las urnas en igualdad de condiciones y con plena libertad para llevar a cabo sus actos de propaganda electoral. No es eso lo que está ocurriendo en Cataluña, como vemos día tras otro en las imágenes vergonzosas que retratan muy bien a las recuas separatistas, pero también a sus líderes.
A ese clima intolerable de ataques callejeros contra un partido legal y sus simpatizantes hay que añadir la situación anómala provocada por la pandemia de la Covid-19, en plena tercera oleada de contagios. El miedo al virus y los estragos que está produciendo en miles de afectados, muchos de ellos convocados a formar parte de las mesas electorales, son otro impedimento para que las elecciones catalanas se desarrollen con normalidad. Tan es así que hasta los responsables del Gobierno regional de Cataluña dudan de que vaya a ser posible hacer el recuento la noche de las elecciones, otra anomalía vergonzosa que socialistas y separatistas están dispuestos a asumir con total normalidad.
Lo único sensato hubiera sido retrasar la convocatoria electoral hasta tener controlada la pandemia, pero la urgencia política de Sánchez para situar a Illa en el Gobierno de la Generalidad y la incomprensible complacencia de la Junta Electoral ha permitido que asistamos a una cita con las urnas convertida, como todo lo que toca el separatismo, en un execrable esperpento más.