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EDITORIAL

Violencia, subvenciones y carbón

Nadie duda de que las familias de las cuencas mineras se preocupan, como el resto de los españoles por cierto, por el futuro de sus hijos, pero la pregunta que deberían hacerse es dónde están y qué se ha hecho con los miles de millones recibidos.

Las protestas de los mineros, que culminaron esta semana con la llegada a Madrid de la llamada Marcha Negra, han conseguido durante el último mes colocar al carbón en un primer plano informativo que no se corresponde con el peso ínfimo de este sector en la economía española. La producción española de este mineral es insignificante en el mercado internacional y la cifra de trabajadores afectados, apenas 8.000, se diluye como un azucarillo en un país que sobrepasa con creces los cinco millones de parados.

Más allá de las falacias de los líderes sindicales, el único argumento aportado por los mineros para llamar la atención de la opinión pública ha sido la violencia. Esto, como es habitual, ha generado la fascinación de la izquierda, que ha visto en estas movilizaciones un ejemplo a seguir. No han sido pocos los medios de comunicación, especialmente las televisiones que, siempre entusiastas con la causa, se han esforzado en crear una ola de solidaridad con los violentos.

Las revueltas han traspasado todos los límites de lo tolerable en una sociedad civilizada. Decenas de policías y ciudadanos, niños incluidos, han resultado heridos y se han dado episodios, como el lanzamientos de cohetes contra un helicóptero, que sólo pueden definirse como terrorismo.

Si las formas de la protesta han sido inaceptables, en el fondo no se encuentran razones que sustenten las reivindicaciones de los minero. En el programa de esRadio Debates en Libertad los expertos en el sector energético arrojaron luz sobre el sector. El precio base del carbón está subvencionado entre el 70 y 90%, un dato que demuestra la nula rentabilidad de las explotaciones. Exigir que se mantengan esas subvenciones, mientras el resto de ciudadanos soportan el ajuste más duro de las últimas décadas, es poco menos que insultante. Nadie duda de que las familias de las cuencas mineras se preocupan, como el resto de los españoles por cierto, por el futuro de sus hijos, pero la pregunta que deberían hacerse es dónde están y qué se ha hecho con los miles de millones recibidos. Un dinero más que suficiente para que ahora tuviesen más alternativas en el horizonte que exigir al resto de ciudadanos que sufraguen con sus impuestos unas explotaciones carísimas e improductivas.

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